Saturday, October 31, 2015

Salario único genera millonario ahorro en cinco instituciones

Esto es precisamente lo que muchos de nosotros exigimos de Don Luis Guillermo Solís y su “equipo de lujo” y que ellos se rehúsan a implementar.  ¿Por qué?  Primero, porque la administración pública, liderada por el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC), esta aliada al partido socialista Frente Amplio (FA) y a los sindicatos.  Segundo, porque la implementación del salario único eliminaría los “salarios y beneficios” de lujo que los sindicalistas gozan actualmente.

Su servidor;
Steven J. Caamaño



Salario único genera millonario ahorro en cinco instituciones
Por Gerardo Ruiz Ramón | 31 Octubre de 2015

- Contraloría economiza ¢1.400 millones, y el BNCR, ¢412 millones
- Estudios calculan remuneración única para competir con las del sector privado

Además de contribuir a mejorar el clima de trabajo al eliminar las desigualdades salariales entre trabajadores de una misma categoría, el salario único o global llevará a cinco instituciones públicas a cerrar el 2015 con un ahorro global por encima de los ¢2.000 millones en el pago a sus empleados.

La Contraloría General de la República calcula en ¢1.400 millones la economía; el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), ¢412 millones, y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ¢108 millones.

El Banco Popular y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) carecen de una cuantificación reciente, pero sus autoridades afirman que percibirán ahorros en sus planillas, especialmente en escala gerencial.

Además de las entidades citadas, la remuneración única se implementa en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la sociedad Insurance Servicios, propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS) y Radiográfica Costarricense (Racsa).

Desde finales de agosto pasado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contrata a sus nuevos empleados con base en el esquema del salario único “con el fin de lograr eficiencia operativa, ahorro y competitividad” de sus negocios, según comunicó su Consejo Directivo el 21 de setiembre.

¿Qué es? La principal característica de la remuneración única en el sector público es que quienes son contratados bajo esa modalidad no devengan pluses o incentivos, como las anualidades, sino que su pago se estima con base en estudios de mercado para hacerlo competitivo con respecto al sector privado.

Esto hace que el salario único sea más alto que la base que ganan quienes reciben pluses.

En todas las entidades mencionadas el sueldo global convive con el salario base, al que se suman algunos de los más de 97 incentivos que paga el Gobierno Central (Presidencia, ministerios, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones), que van desde un pago extra por sembrar y cuidar una huerta escolar, hasta por tener variaciones de horarios.

Sin embargo, los datos que entregaron las entidades consultadas revelan que la planilla de sueldo base más pluses se reduce rápidamente o ya fue superada por la de salario único.

Así, por ejemplo, el Banco Popular informó de que el 73,3% de sus empleados ganan salario único; la Aresep, un 70%, y el BCCR emplea a un 63% de sus trabajadores con ese tipo de contrato.

Beneficio paralelo. A la par del ahorro y la posibilidad de un mejor clima laboral, las entidades que contactó La Nación ven otro aspecto positivo en el sueldo único o global.

Se trata de la política paralela de congelación, reversión o bajo crecimiento de los incentivos, lo cual conlleva un ahorro mayor.

La Contraloría determinó que desde que aplica el salario único se puede determinar que el crecimiento porcentual de los distintos rubros salariales es menor.

La directora corporativa de Desarrollo Humano del BNCR, Maritza Fuentes, detalló que en ese banco, el salario único llegó a modificar el esquema de entre 15 y 30 días de vacaciones anuales que tenían los empleados, para instaurar un total de 14 días al año para los que tienen menos de 11 años de servicio.

Fuentes también citó como ejemplo de beneficio para la entidad la reducción en el tope de cesantía, pues quienes ganan salario único tienen derecho a 17 años cuando alcancen 26 años de servicio continuo.

Quienes están en la modalidad de sueldo base más pluses, en tanto, pueden optar hasta por 20 años de cesantía con el consecuente costo económico para la entidad bancaria pública.


Fuente: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Salario-genera-millonario-ahorro-instituciones_0_1521447874.html

Tuesday, October 27, 2015

La pusilánime administración de Don Luis Guillermo Solís “se abrió de patas”

La Real Academia Española define pusilánime como una persona con “falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas.”  Ese es precisamente el calificativo, aparte de otros que no puedo repetir aquí, que les corresponde a Don Luis Guillermo Solís y su “equipo de lujo.”  No había que ser un experto para concluir que la “la madre de todas las huelgas” convocada por los sindicatos públicos fue un rotundo fracaso.  La administración de Don Luis Guillermo Solís, en su infinita estupidez, prefirió mostrarse conciliatoria con los sindicatos públicos, que hicieron una huelga general para proteger sus desvergonzados “salarios y beneficios de lujo”, en vez de haber usado el fracaso de la huelga para dictarle términos a los sindicatos.

En el primer acuerdo, la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y le dará prioridad al proyecto de ley #19,312 [1].  Dicho proyecto quiere establecer unilateralmente un “salario mínimo” basado en ideologías socialistas, en vez de que los patrones y los trabajadores del sector público (en conjunto con el MTSS) sean los que acuerda el salario mínimo.  Dicho proyecto de ley está inspirado en un proyecto que los socialistas implementaron en Venezuela y que terminó aumentando exponencialmente el desempleo porque el salario mínimo no estaba ligado a las necesidades del mercado laboral.

En el segundo acuerdo, nuevamente la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y le dará prioridad al Convenio 184 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT); “Convenio Relativo a la Seguridad y la Salud en la Agricultura.” 

En el tercer acuerdo, otra vez la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a hacer algo que no le corresponde.  El Poder Ejecutivo no tiene potestad para promover una mesa de diálogo entre la CCSS, Patria Justa, y demás organizaciones sociales para resolver la situación actual y futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez, y Muerte; el reglamento de incapacidades a nivel nacional; y la Salud Ocupacional.

En el cuarto acuerdo, una vez más la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a hacer algo que no le corresponde.  El Poder Ejecutivo no tiene potestad para revisar “los planteamientos jurídicos relacionados con el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del MTSS #DAJ-AE-237-15, fechado 14 de setiembre 2015, a fin de valorar los argumentos expresados por el colectivo Patria Justa, que se formalizarán por escrito.”  El Ministro de Trabajo, Víctor Morales, está tratando de eliminar las 27 convenciones colectivas que existen hoy en día y desangran las arcas del gobierno, mientras que la administración de Don Luis Guillermo Solís quiere “analizar” dicha medida para ver como la anula.

En el quinto acuerdo, de nuevo la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a buscar la forma de que la ARESEP dé marcha atrás a la resolución en la que se prohíbe el cobro de las convenciones colectivas en el cálculo de los precios que pagamos los costarricenses por bienes y servicios públicos.  En otras palabras, Don Luis Guillermo Solís nos obligara a pagar los beneficios de las convenciones colectivas de RECOPE a través del precio de los combustibles.

En el sexto acuerdo, nuevamente la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y valida como legítimas y vinculantes las decisiones tomadas entre el Poder Ejecutivo, JAPDEVA, y SINTRAJAP.  En otras palabras, si el Poder Ejecutivo, JAPDEVA, y SINTRAJAP llegan a un acuerdo, ellos “se pueden pasar por el rabo” las decisiones establecidas por el Poder Legislativo y Judicial.  ¡Es así de simple!

En el séptimo acuerdo, una vez más la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se comprometió a gastar “billones de colones” y endeudarse aún más de lo que está, para comprar equipo de montacargas para el puerto de Limón y que el sindicato SINTRAJAP pueda competir con APM Terminals.

El octavo acuerdo, los sindicalistas se comprometieron a levantar la huelga y llamar a los trabajadores a retomar nuevamente las labores y “exhorta” a abstenerse a convocar movimientos similares.  En otras palabras, la pusilánime administración de Don Luis Guillermo Solís “se abrió de patas” y concedió todo lo que los sindicatos públicos querían lograr a cambio del fin de una huelga que claramente fracasó e iba a ser declarada ilegal al día siguiente.  Así que nos vemos en la marcha del 8 de Noviembre para demostrarle al gobierno quine manda en el país.

Su servidor;
Steven J. Caamaño

Fuentes: 

[1] http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19312

Wednesday, October 21, 2015

Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a RECOPE

Tal y como decimos por aquí: ¡Mas clarito no canta el gallo!  ¿Verdad que sí?  Pero, lo más indignante es ver como los desvergonzados sindicalistas hacen huelgas para que nosotros sigamos pagándoles sus “salarios y beneficios de lujo.”  Por un lado, el impuesto único es inaceptable y solo sirve para alimentar al elefante blanco gubernamental.  A nivel nacional, yo no veo ningún beneficio tangible o abstracto de dicho impuesto.  Pero, yo lo reemplazaría con el impuesto de venta que todos pagamos por otros productos y servicios.  ¡Eso sí me parece justo y apropiado!  Por otro lado, yo no quiero pagar ni un céntimo a RECOPE para que sus sindicalistas disfruten de sus onerosos “salarios y beneficios de lujo.”  Si ellos quieren beneficios, que los paguen con las cuotas de agremiado que pagan.  ¡Ahí sí van a ser austeros los cara-e-barros!  JA-JA-JA

Su servidor;
Steven J. Caamaño





Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a RECOPE
Por Juan Fernando Lara S. | 21 Octubre 2015
- Por litro de combustible que pagan los usuarios, 0,86% financia pluses y ayudas de 1.742 empleados de la empresa estatal. El país consume 8,2 millones de litros diarios de carburantes.

En los últimos 21 meses, los compradores de combustibles aportaron ¢25.690 millones para financiar la convención colectiva de los 1.742 trabajadores de RECOPE.

Solo en el 2014, la venta nacional de los hidrocarburos aportó ¢14.357 millones al fondo obrero. Con corte a setiembre, el acumulado de este año ya asciende a ¢11.335 millones.

Al cierre del 2015, ese patrimonio habrá absorbido al menos ¢28.000 millones en dos años, el equivalente a $51,8 millones al tipo de cambio actual.

La previsión se basa en que la demanda de carburantes en nueve meses del 2015 es semejante a la tendencia de consumo en el mismo lapso del 2014.

Al dividir los ¢25.690 millones entre los empleados, a cada uno corresponde un promedio de ¢14,7 millones en beneficios, fruto de la demanda registrada entre enero de 2014 y setiembre de 2015, conforme a registros históricos de consumo suministrados por la propia entidad.

Esta convención se costea de un cobro promedio de 0,86% por litro de combustible: unos ¢4,65 según sea la tarifa de cada producto incluidos búnker, asfalto y emulsión asfáltica.

Entre otros beneficios, la convención colectiva alimenta un fondo de ahorro, sirve para otorgar préstamos, financiamiento para vivienda y recreación, así como servicio de restaurante, bono por mérito, por peligrosidad, cesantía, servicio de transporte del personal, útiles escolares, materiales para organizar recepciones, becas para hijos de los trabajadores entre otros. También compra de medicinas que no tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y diversos servicios de salud.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) divulgó el porcentaje hace dos semanas en conferencia de prensa cuando uno de sus directivos detalló sus costos de operación.

Los ¢4,65 asociados al porcentaje parecen una suma pequeña al diluirse entre cientos de colones que cuesta el litro de la mayoría de hidrocarburos (las gasolinas superan los ¢500).

Sin embargo, esos colones adquieren otro matiz a la luz de los 8,2 millones de litros diarios que ya se consumen en Costa Rica según estadísticas de RECOPE.

La convención colectiva sí está por debajo de lo que la empresa extrae para salarios y cargas sociales que absorben 1,2% (¢6,7 en promedio por litro) de las tarifas.

¿Quién aporta más? Los beneficios del fondo laboral se reflejan en salarios, confirmó Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Financieros y Económicos de RECOPE.

El mayor rubro es el pago de anualidades (55% del fondo). Otro 22% se destina a un rubro de ahorro para los empleados.

Quienes más cooperan con los pluses en RECOPE son los usuarios de automotores que usan diésel –incluido transporte público– con 38% del dinero de la convención en los últimos 21 meses para un total de ¢9.789 millones.

Les siguen los usuarios de gasolina regular con el 20% (¢5.331 millones), los compradores de gasolina súper con 17%(¢4.439 millones) y después quienes compran gas de cocina con 8,5% (¢2.528 millones).

Solo ese grupo de clientes financió 84% la convención colectiva. El resto emana del consumo de otros derivados y las compras para generación térmica de luz del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante el periodo analizado.

A revisión. Al considerar que las convenciones colectivas no tienen relación directa con la prestación de servicios públicos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) resolvió excluir los gastos relativos a la convenciones de los ajustes tarifarios en el servicio regulado.

En agosto, rechazó ¢5.000 millones de una solicitud presentada por RECOPE, al juzgar que ese dinero era para su convención.

La medida motivó una protesta organizada para la próxima semana, según Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).

Pese al disgusto, el sindicalista aseguró que hay interés de cooperación para renegociar con la administración los términos de la actual convención colectiva.

“Hay un deseo genuino de que el resultado sea favorable a ambas partes y también ante la opinión pública, pero respetando que la convención es un derecho consagrado en la propia Constitución”, expresó Rodríguez

Víctor Morales, ministro de Trabajo, sí apoya la postura de la ARESEP, al considerar que este tipo de acuerdos pueden convertirse en herramientas de uso-excesivo y lesivas para el erario.

“Desde este ministerio hemos hecho un esfuerzo por eliminar cláusulas que, en lo tocante a recursos públicos, nos parecen excesivas”, declaró Morales.

Para Luis C. Solera, la creación de pluses en las convenciones colectivas responde a lo poco competitivos que son las remuneraciones en el sector público.

“¿En qué empresa privada pagan dedicación exclusiva? En ninguna. La pregunta que debemos plantear es si los salarios públicos son o no competitivos”, consideró el funcionario.

Sobre convenciones colectivas

Es un acuerdo que fija condiciones generales de trabajo del personal y resulta de una negociación entre voceros de los trabajadores (sindicatos) y patronos.

Como su nombre lo indica, sirve para regular en un sentido amplio condiciones de trabajo y de productividad. De igual modo, fijan obligaciones recíprocas para promover una “paz laboral”.

Dichos deberes suelen incluir medios para resolver conflictos cuando estos surjan entre ambas partes y cualquier otra pauta para gobernar otros aspectos de las relaciones laborales. Un atributo de la convención colectiva es que cubre a todos los trabajadores durante un periodo específico, el  que también se fija en la negociación que da origen al convenio.

Cuando concluye ese periodo, las partes vuelven a negociar condiciones y fijar otro lapso de vigencia de estas. En Costa Rica tienen su origen y fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política.

La norma dice: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Si bien su naturaleza jurídica le otorga esa fuerza de ley, esta solo se aplica entre las partes contratantes pues la convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. Así consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, la cual luego ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Basándose en esos fallos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) recientemente anunció que excluirá gastos de convención colectiva de futuros ajustes tarifarios pues esas erogaciones son ajenas a la prestación de los servicios públicos regulados.

Fuente:

http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Consumidores-costean-millones-beneficios-Recope_0_1519448052.html


Tuesday, October 20, 2015

El patrullaje conjunto con EEUU es parte de la defensa nacional

Hago mías las palabras del Editor de La Nación: “El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica ante los embates del crimen organizado que ensangrienta su territorio.  Es preciso profundizar la colaboración con los estadounidenses, flexibilizarla y removerle obstáculos”, para que podamos hacerle frente a la ola de violencia que agobia a nuestro país.  En mi opinión, los diputados socialistas e izquierdistas se oponen al patrullaje conjunto por una de tres razones: A) su nociva ideología, B) su complicidad con el crimen organizado, o C) una combinación de A y B.  ¡Es así de simple! 
 
Su servidor;
Steven J. Caamaño
 
 
 
 
 
Reacción ante el narcotráfico
Editorial La Nación | 20 Octubre 2015
 
- La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad, expresada en el creciente número de homicidios, ya no puede ser ignorada
- El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica
 
El número de homicidios aumenta a pasos espeluznantes. La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad ya no puede ser ignorada. Si al número de asesinatos directamente ligados con el tráfico ilícito de drogas se le suman los casos no esclarecidos, pero con características típicas de esa especie de criminalidad, las muertes violentas relacionadas con los estupefacientes superan el 40% del total.
 
Guerras territoriales, ajustes de cuentas y disputas en el interior de las bandas dejan un creciente rastro de muerte, especialmente, en zonas populosas de la capital, como Alajuelita y Desamparados, donde la Fuerza Pública despliega sus esfuerzos para tomar control.
 
El Ministerio Público ha advertido sobre la creciente peligrosidad y sofisticación del armamento utilizado en los homicidios y atribuye a los carteles mexicanos el envío y entrega de subametralladoras AK-47 y hasta granadas de mano a los narcotraficantes locales. Los conflictos del narcotráfico costarricense se resuelven con armas de guerra y ese dato, en sí mismo, es aterrorizante.
 
La reacción del Estado debe ser inmediata, decidida y ajustada a las características del fenómeno. El crimen organizado no se combate con los mismos recursos empleados contra la delincuencia común. La coordinación entre cuerpos policiales debe mejorar y es preciso desarrollar mayores capacidades en materia de inteligencia. Los diputados deben apurar la aprobación de instrumentos jurídicos adecuados y la judicatura haría un gran aporte si impulsa la depuración de los procedimientos para impedir la impunidad.
 
También es preciso estrechar los lazos de colaboración internacional, porque el país no puede controlar, por sí solo, su extensísimo territorio marítimo y aéreo. En este último aspecto, la Asamblea Legislativa lleva sobre los hombros una grave responsabilidad histórica y no siempre ha demostrado estar a la altura.
 
Trasnochados prejuicios ideológicos interfieren, constantemente, con la necesaria colaboración entre Costa Rica y los Estados Unidos. No hace mucho se escuchó a un diputado esgrimir la peregrina idea de que el patrullaje conjunto es contraproducente para nuestro país porque obliga a los narcotraficantes a utilizar las rutas terrestres.
 
El legislador carece de credenciales en el campo de la seguridad, pero opina a la luz de su ideología, como si conociera la materia. La verdad es completamente distinta. La mayor parte de la droga ingresa a nuestro territorio por vía marítima, no por la frontera sur, pese al patrullaje conjunto. Según los expertos, la proporción del trasiego marítimo podría alcanzar el 80%. Sin patrullaje, la principal vía de ingreso del narcotráfico quedaría abierta de par en par.
 
La mayoría de las embarcaciones detenidas son costarricenses y se dirigían a nuestras costas en el momento de la detención. Eso sin contar la importación de marihuana desde Jamaica, también por mar y en buena parte destinada al consumo local. Imaginar una disminución del narcotráfico ofreciéndole paso franco por nuestras aguas, solo es posible a partir de un rotundo desconocimiento del fenómeno.
 
La medida sería muy cuestionable desde otros puntos de vista, como la renuncia a cumplir obligaciones adquiridas con la comunidad internacional, pero para el país sería suicida. Costa Rica le interesa al narcotráfico como centro de paso y almacenamiento. La droga proveniente del sur se trasiega por mar y aire, más que por tierra. Disminuir la vigilancia de esas rutas de ingreso es quedar a expensas de los carteles internacionales e incrementar las cantidades residuales filtradas al mercado local, sea mediante la “pesca” de bultos dejados a la deriva por los traficantes o como consecuencia del pago en especie a los colaboradores nacionales. También crearía las condiciones para ampliar nuestro papel como estación de tránsito y almacenamiento, con serias consecuencias para la institucionalidad.
 
El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica ante los embates del crimen organizado que ensangrienta su territorio. Es preciso profundizar la colaboración, flexibilizarla y removerle obstáculos.
 
Fuente:

Una constituyente, salida al estancamiento

¡Completamente de acuerdo con el artículo de Alex Solís!  La constitución que rige en el país se basó en la de 1871.  Debido a esto, nosotros podemos decir con certeza que, nuestra actual constitución es “un texto remendado que proviene del siglo XIX.”  Por eso es que nuestra constitución se ha convertido en el peor enemigo de la ciudadanía y el mejor amigo de la corrupción, el crimen organizado, y los sindicatos.
 
No me cabe la menor dudad que, para salir del estancamiento social y económico actual y modernizar nuestro nación, nosotros debemos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente “…que se dedique durante un año a una revisión general de nuestra Carta Magna.”  ¡Punto!  Ya es hora de que nos concentremos en la cura de nuestra enfermedad, en vez de perder tiempo aliviando los síntomas.
 
Su servidor;
Steven J. Caamaño
 
 
 
 
 
Una constituyente, salida al estancamiento
POR Alex Solís F. | 20 Octubre 2015
 
- El presente es de los vivos, no de los muertos, decía Jefferson
 
Costa Rica está paralizada por causa de muchos factores. Quizás el más determinante sea el papel que juega la Sala Constitucional ya que, de manera arbitraria, impide hacer cambios profundos a la Constitución y, por esa vía, a la estructura del Estado.
 
Mientras tanto, sufrimos las consecuencias de una Constitución desajustada a las necesidades de los tiempos actuales y, sobre todo, nos indigna la parálisis de un país que no puede, ni siquiera reparar una “rendija” en un puente.
 
La urgencia de salir de semejante estancamiento y otras múltiples razones, tanto de forma como de fondo, justifican la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se dedique durante un año a una revisión general de nuestra Carta Magna. ¡El trabajo por el bien común y la democracia es permanente, supone procesos inacabados!
 
En el plano formal, debe recordarse que en 1949, cuando se discutió y aprobó nuestra actual ley de leyes, se utilizó como fundamento la de 1871. Por ello, podría decirse que la Constitución que rige en el país es un texto remendado, que proviene del siglo XIX. Es una Constitución poco ambiciosa y poco original. Estas condiciones repercuten en su falta de coherencia interna, producen vacíos normativos y exceso de generalidad o reglamentismo en algunos de sus preceptos.
 
En el plano sustancial, la Constitución se quedó botada en el tiempo, sobre todo si se compara con los modernos textos que otros países, sin tradición democrática ni de respeto a la institucionalidad democrática, han promulgado en los últimos tiempos. Estamos anclados en un presente sin proyecto político, dominado por una sociedad peligrosamente fragmentada y una población sometida a los dictados del mercado, el consumismo y la destrucción del planeta, nuestra casa común, según dice el papa Francisco.
 
Entre muchas reformas, deben definirse, de manera expresa, en el frontispicio mismo de nuestra máxima ley, los principios y valores de nuestro ordenamiento constitucional.
 
No puede ser que por esa falta de definición corresponda a la Sala Constitucional trazar la orientación de nuestro sistema político de forma caprichosa y, a veces, arbitraria.
 
Cambio de sistema. En otro ámbito, se requiere matizar nuestro rígido sistema presidencialista con algunos elementos del parlamentarista, como el fortalecimiento del voto de censura y la interpelación de ministros y otros funcionarios de Gobierno.
 
En esa línea, se sugiere crear la carrera parlamentaria, reformar el sistema de elección de los diputados mediante distritos electorales y las elecciones de medio período.
 
En los ámbitos civil y gubernamental, se debe profundizar el régimen de los deberes ciudadanos y el de la responsabilidades, la rendición de cuentas y evaluación de resultados de los funcionarios públicos.
 
Estos son temas que, de manera paradójica, apenas se plantean en la Constitución. Por ejemplo, debería regularse la revocatoria del mandato de algunos funcionarios, por ineptitud, procederes incorrectos y faltas graves al deber de probidad.
 
En general, se requieren reformas al Poder Ejecutivo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, al régimen municipal y al de las instituciones autónomas, a la Contraloría General de la República y al sistema presupuestario. Estas y otras enmiendas implican cambios profundos, no radicales, a nuestro ordenamiento jurídico-político constitucional. De ahí la necesidad de activar el Poder Constituyente.
 
Anclados en el pasado. Llegados a este punto, el problema que se presenta es que desde una posición conservadora, cuando se plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional constituyente, se argumenta que no estamos preparados, que no existen condiciones, que este no es un buen momento, que es peligroso, que es como dar un paso hacia lo desconocido o firmar un cheque en blanco.
 
Con este tipo de frases hechas, vacías y carentes de significación, se mantiene a los costarricenses anclados en el pasado, en un estilo de vida conformista y una cultura de oposición y miedo a emprender grandes proyectos.
 
Tenemos que cambiar y pensar que sí podemos volar alto, llegar lejos y construir una nueva Costa Rica.
 
El presente es de los vivos, no de los muertos, decía Jefferson. Y cada generación debe ser tan libre de adaptar la Constitución a su realidad y voluntad, tal y como lo hicieron las generaciones que la precedieron.
 
Esta máxima significa que, dadas las actuales circunstancias del país, deberíamos tener el derecho a reformar las normas constitucionales que regulan nuestra convivencia y a decidir sobre nuestro presente y futuro. Esto nos legitima como sociedad a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, única salida jurídica y políticamente viable a la crisis que adolece nuestro Estado Constitucional, democrático y social de derecho.
 
Negar ese derecho o temer su ejercicio significa negar el carácter democrático de nuestra sociedad.
 
Fuente:
http://www.nacion.com/opinion/foros/constituyente-salida-estancamiento_0_1519248068.html
 

Thursday, October 15, 2015

Los Socialistas Quieren Prohibir las Canchas De Golf

Cuando yo creo que los diputados del partido socialista Frente Amplio tocaron el fondo de la letrina, ellos me demuestran lo equivocado que estoy.  Ahora ellos quieren impulsar un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de canchas de golf en el país, para “ahorrar agua” supuestamente.  ¡Que estupidez más grande!  ¿Verdad que sí?  Los socialistas se concentran en prohibir el golf, porque lo consideran un juego exclusivo de la “clase rica” (los oligarcas).  Si ellos propusieran lo mismo, pero con el futbol, la gente los lincharía por imbéciles. 

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Steven J. Caamaño
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Diputada del Frente Amplio impulsaría proyecto para prohibir canchas de golf en Costa Rica
Por Dayan Acuña | 15 Octubre 2015

San José, 15 oct (elmundo.cr) – La diputada Suray Carrillo, representante del Partido Frente Amplio por la provincia de Guanacaste impulsaría un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de canchas de golf en el país.

La propuesta nace durante el desarrollo de las mesas de trabajo en Nicoya, donde se analizó el uso de agua en la zona de Guanacaste, debido a la sequía que enfrenta ante el faltante de lluvias causado por el fenómeno del Niño.

Carrillo indicó “no es posible que se utilice el recurso hídrico para el riego de canchas de golf de más de 20 hectáreas donde solo 2 o 3 turistas disfrutan de este beneficio, no le veo rentabilidad a esos proyectos.”

Aunque de momento la propuesta no se encuentra en el papel, la legisladora indicó que se encuentra estudiando el tema y podría tomar fuerza en los próximos días.

El día de ayer el Comité Defensa del Nimboyores comentó en su página de la red social de Facebook “pensamos que a nivel de la municipalidad no se puede hacer mucho para resolver este problema, sin embargo su partido (Frente Amplio) tiene varios diputados en la Asamblea Legislativa incluso la señora Suray Carrillo Guevara que representa Guanacaste. Para acabar con el desperdicio de agua de las canchas de golf, proponemos que los diputados de su partido (y bienvenido cualquier partido que quiera poner la cara) presenten un proyecto de ley para prohibir las canchas de golf en Costa Rica y especialmente en Guanacaste”.

“Si Frente Amplio tiene la capacidad de preparar un proyecto de ley contra el acoso sexual en no más que 24 horas, de fijo pueden presentar uno para prohibir las canchas de golf muy rápidamente. También se podría prohibir o restringir el consumo de agua para piscinas mediante un proyecto de ley. No hace falta esperar el otro año para actuar. Saludes desde la lucha por el agua”, agregaron.

Fuente:
http://www.elmundo.cr/costarica/diputada-del-frente-amplio-impulsaria-proyecto-para-prohibir-canchas-de-golf-en-costa-rica/




Monday, October 12, 2015

Coaliciones entre el PAC y FA que han sido formalizadas

Por Steven J. Caamaño | 12 Octubre 2015

El partido socialista Frente Amplio (FA) participara directa- e indirectamente en las elecciones municipales de Febrero del 2016.  FA va a presentar papeletas en 72 municipalidades [1]:

1. El FA participara en las elecciones municipales de 60 cantones [1], bajo su propia bandera, y va ser muy fácil para nosotros reconocerlos como tales y no votar por FA o el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC).

2. El FA y el PAC han formalizado (hasta el momento) cuatro coaliciones, con nombre y bandera nueva, con el fin de embaucar a los costarricenses menos informados [1].  Están son las cuatro colisiones:

a) En el Cantón de Belén, Heredia, tenemos a “ALIANZA POR BELÉN” conformada por el PAC, FA, y el partido independiente Belemita con la resolución del TSE # DGRE-146-DRPP-2015 [2].

b) En el Cantón de Montes de Oca, San José, tenemos a “GENTE DE MONTES DE OCA” conformado por el PAC y FA con la resolución del TSE # DGRE-144-DRPP-2015 [3].

c) En el Cantón de Tibás, San José, tenemos a “SOMOS TIBÁS” conformada por el PAC, FA, y el partido Cívico de Tibás Fuenteovejuna con la resolución del TSE # DGRE-148-DRPP-2015 [4].

d) En el Cantón de Guatuso, Alajuela, tenemos a “UNIDOS POR GUATUSO” conformado por el PAC y FA con la resolución del TSE # DGRE-143-DRPP-2015 [5].

3. El FA y el PAC también han realizado alianzas en nueve cantones para embaucar a los costarricenses [1].  ¡Votar por los candidatos del PAC es votar por los candidatos de FA o viceversa!  Apenas tenga el nombre de los candidatos y los cantones se los hago saber.

4. Finalmente, el FA va a poyar de forma agazapada a un partido local con el fin de que la gente vote por ese partido y FA lo pueda controlar o influenciar de forma indirecta [1].  ¡Punto!  Apenas tenga el nombre de los candidatos, el partido, y el canto se los hago saber.

FA es un partido que claramente “plantea como su objetivo político fundamental, el apoyo, desarrollo y fortalecimiento de los movimientos populares [como los movimientos patrióticos, los sindicatos, los ambientalistas, los grupos comunales, etc.] que, afines a su ideología [socialista], denuncien y busquen las transformaciones y cambios en las relaciones sociales [capitalistas y democráticas] que den paso a una sociedad socialista [costarricense]” [6].  

La alianza de FA con el PAC [7], los sindicatos [7], el partido Cívico de Tibás Fuenteovejuna [4], el partido independiente Belemita [2], y otros más; no solo demuestra la afinidad de estos grupos con el socialismo del siglo XXI que pregona FA, pero también establece su muerte política.  ¿Por qué?  Porque el socialismo que pregona FA y sus aliados busca destruir nuestra imperfecta democracia y establecer una república socialista en Costa Rica.

Su servidor;
Steven J. Caamaño

Fuentes:
[1] http://www.crhoy.com/frente-amplio-listo-para-participar-en-72-cantones/
[2] http://tse.go.cr/pdf/varios/DGRE-146-DRPP-2015%20-%20Coalici%C3%B3n%20Alianza%20por%20Bel%C3%A9n%20-%20Inscripci%C3%B3n.pdf
[3] http://tse.go.cr/pdf/varios/DGRE-144-DRPP-2015%20-%20Coalici%C3%B3n%20Gente%20Montes%20de%20Oca%20-%20Inscripci%C3%B3n.pdf
[4] http://tse.go.cr/pdf/varios/DGRE-148-DRPP-2015%20-%20Coalici%C3%B3n%20Somos%20Tib%C3%A1s%20-%20Inscripci%C3%B3n.pdf
[5] http://tse.go.cr/pdf/varios/DGRE-143-DRPP-2015%20-%20Coalici%C3%B3n%20Unidos%20por%20Guatuso%20-%20Inscripci%C3%B3n.pdf
[6] http://www.frenteamplio.org/wp-content/uploads/5-ejes-para-un-programa-del-Partido-Frente-Amplio.pdf
[7] http://www.frenteamplio.org/wp-content/uploads/pueblojul2015_pre.pdf



Fiesta Salarial

Los sindicalistas nos darán mil excusas para proteger sus “salarios y beneficios de lujo”, pero los números no mienten.  Números que provienen de las bases en datos que se encuentran en los sitios web de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda.  Por ejemplo, ¿sabía usted que el salario promedio de los empleados de la CCSS aumentó casi un 200% en términos reales “gracias a los incentivos salariales”; aun cuando la productividad y la calidad de los servicios no han mejorado en esa proporción?  ¿Le parece justo?  ¡Por supuesto que no!  A continuación les incluyo un editorial de “El Finaciero” que detalla con lujo de detalles los abusos cometidos por los sindicatos.

Su servidor;
Steven J. Caamaño
http://laizquierdacostarricense.blogspot.com/




Fiesta Salarial
Editor de El Financiero | 10 OCT 2015, 11:59 PM

Los salarios deben compensar el valor económico y social creado por cada puesto de trabajo. El salario es una medida de productividad. A un trabajador que en el mismo período produce mucho más que otro se le puede compensar mejor. Los incentivos salariales existen precisamente para estimular a los trabajadores a generar más valor por unidad de tiempo.

Los salarios no son una forma de distribución de riqueza, son compensación por un trabajo realizado. Los incentivos no existen para distribuir riqueza, sino para estimular a los trabajadores a ser más productivos cada día.

Un salario debe crecer cuando –por esfuerzo individual, por mayor experiencia, por mejor capacitación o por mejoras en las condiciones y tecnología de un puesto– el trabajador aumenta su producción.

Cuando un salario se incrementa de forma diferente de lo apuntado, se están haciendo dos cosas: destruyendo valor económico y compensando a un trabajador por la labor hecha por otro, pues los recursos con que se pagan el aumento del primero deben ser generados en alguna parte.

El aumento de salarios que no obedece a una mejora en productividad reduce la competitividad del país, manda señales equivocadas al conjunto de la fuerza laboral pues unos reciben más de lo que merecen y otros ven su esfuerzo ser transferido a quienes no se lo han ganado.

En nuestro país, tal y como demuestra el estudio hecho por EF con datos de la Contraloría General de República y del Ministerio de Hacienda, se han venido aumentando de manera acelerada y abusiva los salarios de las entidades públicas. De las 20 instituciones estudiadas –cuyo peso relativo es de 80% del total de salarios del sector público– prácticamente todas tienen salarios y beneficios excesivos y que crecen mucho más rápido que la economía y la productividad del país.

En otras palabras, los consumidores y el sector productivo del país, a través de los impuestos que pagamos y las tarifas que abonamos por los servicios públicos, estamos transfiriendo riqueza inmerecida a los empleados públicos, contribuyendo a destruir valor económico y aumentando los costos de operación –reduciendo la competitividad– en el país para los potenciales inversionistas nacionales y extranjeros.

Los datos, que se pueden consultar en las páginas 4 y 5 de esta edición, muestran un crecimiento de los salarios agregados muy por encima del crecimiento de las planillas, lo que significa que además de una expansión del aparato estatal, pagamos mucho más a cada uno de los empleados públicos. Solo en el Banco de Costa Rica y JAPDEVA los salarios han crecido menos que la planilla total.

El salario pagado por el MEP a sus empleados, por ejemplo, creció un 56% más en el periodo de estudio que su cantidad de puestos totales. Mientras el salario agregado creció dos veces, la cantidad de empleados solo creció en 30%. En esta misma institución es interesante que el aumento del gasto por el pago de prohibición legal es un 44% mayor al aumento del salario base. Las anualidades también crecieron un 34% más que los salarios base. En esta y otras instituciones se aumentaron los salarios sin lograr una mayor productividad a cambio y se entregan incentivos altos y crecientes sin que medie una verdadera evaluación que muestre lo que realmente compensan: nada.

El caso de la CCSS es aún más extremo. En el 2006 el salario promedio de los empleados era de ¢670.000, mientras hoy reciben ¢1.970.000 –casi un 200% más– en términos reales. Y es claro que la productividad y la calidad de los servicios no han mejorado en esa proporción.

La pregunta que cabe hacerse es cómo ocurrió esto.

Y la respuesta es que los jerarcas de las entidades públicas en alianza con las juntas directivas de las entidades autónomas, han hecho una fiesta con los recursos de los costarricenses. A través de crecimiento salarial y aumento y entrega de incentivos inmerecidos, así como transferencias por medio de convenciones colectivas, se ha permitido un abuso a todas luces injustificable y cuya autoría debiera ser claramente adjudicada a los responsables.

El conflicto de interés es también evidente. La prohibición legal fue el rubro que más diferencia le sacó a los salarios base en la mayoría de las instituciones. Es un dato relevante porque la restricción al ejercicio liberal de la profesión es un privilegio adquirido por medio de una ley específica para cada institución y corresponde al 65% del salario base. No cualquiera recibe este beneficio, sino solo los puestos de alta gerencia que asignan los beneficios a los otros empleados públicos, y los auditores, quienes se supone que deben regular y controlar los abusos que se cometan con los recursos públicos.

La solución de este problema es compleja pues implica una decisión clara del Poder Ejecutivo, conformación de alianzas políticas que permitan avanzar en el campo legislativo y, por supuesto, carácter y transparencia en las negociaciones que inevitablemente se deben dar con los sindicatos. Un primer paso, tímido pero concreto, es eliminar esta estructura salarial para las nuevas contrataciones y acelerar en la medida de lo posible la movilidad laboral de los más antiguos. No resuelve el problema, pero al menos empieza a desarticularlo.

Es también urgente actuar en alguna forma, pues no se pueden seguir aumentando los costos laborales del sector público sin que pronto tenga consecuencias irreversibles para nuestra competitividad, atracción de inversiones, crecimiento económico y paz social.


Fuente: http://www.elfinancierocr.com/opinion/Salarios-sector_publico-abusos_0_826117393.html

Incentivos aumentan hasta siete veces más rápido que contrataciones en el Estado

Los sindicalistas nos darán mil excusas para proteger sus “salarios y beneficios de lujo”, pero los números no mienten.  Números que provienen de las bases en datos que se encuentran en los sitios web de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda.  Por ejemplo, ¿sabía usted que las “prohibiciones crecieron a un ritmo promedio de 21% en los últimos ocho años, mientras contrataciones aumentaron a uno del 3%”?  ¿Le parece justo?  ¡Por supuesto que no!  A continuación les incluyo un articulo de “El Finaciero” que detalla con lujo de detalles los abusos cometidos por los sindicatos.

Su servidor;
Steven J. Caamaño
http://laizquierdacostarricense.blogspot.com/




Incentivos aumentan hasta siete veces más rápido que contrataciones en el Estado
Por María Fernanda Cruz / maria.cruz@elfinancierocr.com / 11 OCT 2015, 12:16 AM

El dinero que le paga el Estado a los empleados que tienen restricción para ejercer aumentó a un ritmo promedio siete veces mayor que las contrataciones, entre el 2006 y el 2014.

Mientras la partida para pagar prohibiciones legales al ejercicio libre de la profesión creció a un ritmo promedio del 21% y la destinada a pagar anualidades a uno del 16%; las nuevas contrataciones se movieron hacia arriba a un ritmo mucho más lento de un 3% anual.

El gasto del Estado tampoco tuvo un reflejo directo en los salarios base, que aumentaron un 12% anual promedio durante el mismo período.

Así se desprende de un análisis realizado por EF sobre las instituciones que más peso tienen en el gasto en remuneraciones, con base en datos que se encuentran en los sitios web de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio de Hacienda.

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LEA el editorial: Fiesta salarial
http://www.elfinancierocr.com/opinion/Salarios-sector_publico-abusos_0_826117393.html
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Se partió del 2006 pues es el primero sistematizado por la CGR en su sitio web y se detalló en los dos incentivos cuyo aumento es mayor en la mayoría de las instituciones: las anualidades y las prohibiciones.

El análisis sobre los salarios tomó en cuenta a 23 instituciones que, juntas, suman un 75% de participación en el gasto total del Estado en remuneraciones.

En el caso de los datos relacionados con las planillas, se excluyó a las cuatro universidades, al Banco Popular, al Banco Nacional y a la Municipalidad de San José, pues el Ministerio de Hacienda carece de datos históricos sobre contrataciones en estas entidades.

Todos los datos se trajeron a colones constantes del 2014, para no llamar a engaño.

El top 5

Las cinco instituciones que más peso tienen en el gasto total destinado a remuneraciones le marcan el paso a esta tendencia de crecimiento.

Estas son el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Seguridad Pública, que suman un 60% de todas las remuneraciones del Estado, según datos de la CGR.

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LEA: Un posgrado es más rentable en el Estado.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Calculadora_Salarial-Calculadora_de_Salarios-Estado-Costa_Rica-capital_humano-retornos_a_la_educacion-planilla_estatal-posgrado-salario-sueldo_0_716928335.html
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Todas ellas, menos la Universidad de Costa Rica, incrementaron al doble sus pagos relacionados con restricción al ejercicio liberal de la profesión (prohibición), que incrementa los salarios de cada trabajador en un 65%.

Sin embargo, el aumento no tiene ninguna relación con un incremento en la cantidad de personal contratado.

Por ejemplo, la Caja incrementó en un 376% sus pagos por prohibición en el período analizado, pero la planilla solo se incrementó en un 29%.

Así, si la institución gastaba ¢43.000 per cápita mensual en restricciones en el 2006; en el 2014 gastó poco más de ¢159.000.

El MEP sigue la misma línea: si en el 2006 gastó ¢14.000 por cada empleado, en el 2014 duplicó la cifra a ¢35.000.

También lo hace el Ministerio de Salud, que se ubica en el puesto 11 entre las instituciones que más gastan en salarios en el sector público.

Su incremento en pagos por prohibición fue de un 239%, mientras que su planilla solo aumentó un 18% del 2006 al 2014.

A diferencia del resto de incentivos salariales –que se negocian entre jerarcas, sindicatos y empleados– la restricción al ejercicio liberal de la profesión es un pago que solo se puede aplicar si la institución crea una ley.

El problema es que esas leyes suelen ser muy amplias y no definen el incentivo por función específica, sino por plaza o por departamento, explicó el exministro de Hacienda Édgar Ayales.

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LEA: ¿Qué nos enseñan otros países sobre los pluses salariales?
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/incentivos-anualidades-mep-servicio_civil_0_822517745.html
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Así, en la mayoría de instituciones no se crearon nuevos puestos que requirieran de prohibición, sino que se recalificaron los ya existentes. Los mismos empleados terminan ganando más.

Anualidades sin desempeño

Tampoco las anualidades se corresponden al incremento de las planillas o al de los salarios base.

Su aumento se dispara desde todas las instituciones sin ningún tipo de control central.

Para el 2014, la partida que destinaba el Ministerio de Educación Pública (MEP) a retribuir los años servidos había crecido 2,8 veces en comparación con el 2006; mientras en este año le dedicaba en promedio ¢765.000 a cada empleado por concepto de anualidades, en el 2014 gastó ¢1,7 millones.

El aumento, en este caso, tampoco obedeció al incremento en la planilla, que solo creció 1,3 veces. Es decir, subió un 127% menos que las anualidades.

Sucede de una forma muy similar en el Ministerio de Seguridad Pública, cuya cantidad de empleados se incrementó en un 5% en promedio cada año desde el 2006, con anualidades que, sin embargo, crecieron al doble.

La misma tendencia siguió la Universidad de Costa Rica: su gasto en anualidades fue dos veces mayor en el 2014 que en el 2007, mientras que el aumento del gasto en salarios base solo fue de un 50%.

Ese comportamiento responde a la naturaleza misma de las anualidades, que no tienen tope de crecimiento y que cada año pueden variar según la negociación colectiva con los jerarcas de las instituciones, explicaron los abogados de la firma BDS Alejandro Trejos y Rónald Gutiérrez.

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LEA: Cinco gráficos que muestran la brecha salarial en el sector público.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/graficos-explican-desigualdad-salarios-publico_0_819518046.html
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Más dinero para la misma gente

Durante los últimos ocho años, el Estado aumentó su gasto en remuneraciones sin ningún control con una consecuencia preocupante: el gasto nunca tuvo un efecto real en la lucha contra el desempleo.

Si en 16 instituciones (que representan el 70% del gasto en remuneraciones del Estado) Costa Rica gastó ¢620.000 en promedio –por empleado– en el 2006, mensualmente, en el 2014 duplicó la cifra a ¢1.200.000.

El aumento evidencia que las políticas públicas que se han creado en los últimos años para fortalecer el empleo público se concentran en prácticamente la misma cantidad de personas, pero se gasta mucho más dinero.

El caso más extremo es el de la CCSS, que incrementó sus remuneraciones en un 186% más de lo que aumentó proporcionalmente su cantidad de trabajadores.

¿Cómo llegamos aquí? Un momento histórico para entender cómo se llegó a este punto fue el período 2006-2007, cuando las planillas aumentaron solo un 2%, pero las anualidades crecieron un 50% y el gasto en prohibiciones un 81% en comparación con el año anterior.

Tuvo que ver con una política del Ejecutivo para equiparar los salarios del Gobierno Central con los del resto del sector público y volver sus puestos más competitivos, recordó el historiador Iván Molina.

Pero la medida tuvo un efecto dominó y los salarios aumentaron también en el resto del sector público. Hoy, la brecha entre los salarios de los empleados públicos sigue creciendo y afectando las finanzas del país.

En general, el problema de los pluses salariales tiene explicación en un vacío legal. La Ley de Salarios de la Administración Pública apenas da un par de pincelazos para explicar los pluses.

El resto, se crea por medio de convenciones colectivas y luchas sindicales que responden a coyunturas específicas, pero que se eternizan en el gasto del país, que todos los años engrosa el déficit.

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LEA: Altos salarios son el segundo factor que más contribuyó al aumento en la desigualdad
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Salarios-incrementan-desigualdad-Costa-Rica_0_716928305.html
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Es una preocupación que no se escapa de la mira del actual Gobierno, cuyo planteamiento es fijar un tope máximo de 1,94% a 2,56% de anualidades en todas las instituciones públicas del país.

Más que un tope, es un cambio de concepto, dijo el jefe de despacho del Ministerio de Planificación (Mideplan), Jeff Rodríguez, quien comunicó que presentarán el proyecto de ley para cambiar la normativa la próxima semana.

El proyecto pretende que los incentivos respondan a la eficiencia de las instituciones.

Así, las anualidades ya no serán retribuciones por años servidos, sino indicadores de desempeño individuales e institucionales.

Es una tarea titánica y a muy largo plazo, pero no puede barrerse por debajo de la alfombra. Alguien debe dar el primer paso.