Por Steven J. Caamaño | 18 Mayo 2016
Tal y como
había afirmado anteriormente, el problema de las estrafalarias remuneraciones,
pluses, y beneficios de los empleados del sector público no es nada nuevo. Los
archivos electrónicos de la Asamblea Legislativa rebosan con análisis y
documentos sobre el tema y me permito mencionar uno en particular. En el 2014,
Academia de Centroamérica elaboró un documento titulado “Costa Rica: Empleo y
Política Salarial del Sector Público” y refuerza muchos de nuestros argumentos
en contra de los sindicatos del sector público.
En este
estudio “se examina la dinámica de los salarios y el empleo público en Costa
Rica, ante una crítica situación fiscal en donde la masa salarial aparece como
uno de los disparadores automáticos del gasto público. La situación es muy
compleja debido a un sector público fragmentado, una autonomía institucional
fuerte, y la ausencia de un ente rector” [1]; tres de los problemas que los
proyectos de ley que rechazan los sindicatos del sector público buscan
remediar. Analicemos las conclusiones del estudio:
1. En este
documento se presenta evidencia internacional la cual concluye que la
aplicación de las mejores prácticas en sistemas de servicio civil, incluyendo
el sistema de incentivos, las remuneraciones, procesos de selección,
evaluación, rendición de cuentas, sanciones, derechos laborales y otros
aspectos, contribuye a la generación de eficiencia en la prestación de los
servicios públicos, en beneficio de la ciudadanía. Un sector público costoso,
ineficiente y sin un adecuado sistema de rendición de cuentas impide un
servicio de calidad para el ciudadano y perjudica la productividad del aparato
productivo. Esta temática no fue abordada a profundidad en el presente estudio,
toda vez que el énfasis se concentró los temas de salarios y remuneraciones.
2. La masa
salarial exhibe un crecimiento automático. Dicho crecimiento en un contexto de
ingresos fiscales con lento crecimiento contribuye a ensanchar el desequilibrio
en las finanzas públicas. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ese
crecimiento automático es un tema crítico que debe atenderse con urgencia, a
fin de no caer en una situación de insostenibilidad financiera en el sector
público en pocos años, cuya corrección requerirá fuertes medidas de ajuste que
afectarían desfavorablemente el consumo, la inversión y la producción, y por el
ende el empleo.
3. La
ausencia de un organismo rector en materia de empleo y salarios públicos ha
derivado en el surgimiento de una serie de incentivos en el Gobierno Central y
en las entidades descentralizadas, que se han consolidado como derechos
adquiridos, sin una vinculación directa con el trabajo realizado. Si bien el
costo de la planilla descentralizada no incide en el déficit del Gobierno
Central, tiene importantes implicaciones sobre el precio de los servicios
públicos. Además, salarios altos en el sector descentralizado son puntos de
referencia para negociaciones en Gobierno Central.
4. A lo
largo de los años el sistema actual de empleo y salarios públicos ha generado
una serie de distorsiones e ineficiencias en el manejo del recurso humano. Si
bien existen diferencias en los salarios base según el puesto y la institución,
la raíz del problema se focaliza en los pluses salariales, los cuales se
generan en gran medida al amparo de convenciones de trabajo y que son
consideradas como derechos adquiridos e irrevocables por los sindicatos.
5. La
aplicación de los pluses se manifiesta en salarios públicos que presentan niveles
superiores a los del sector privado, diferencias en remuneraciones entre
instituciones para un mismo puesto, niveles de salarios que no guardan relación
con la calificación del funcionario sino con sus años de servicios, por citar
algunos casos documentados en el estudio.
6. Algunas
instituciones públicas como el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la
Contraloría General de la República (CGR), han sido exitosas en introducir el
esquema de salario único como herramienta para ir eliminando el desequilibrio
en las remuneraciones dentro del sector público, generado por el régimen de
salario base más pluses y anualidades. El salario único elimina la variabilidad
para salarios en un mismo puesto, al amparo de los principios de legalidad,
razonabilidad y proporcionalidad. A su vez, permite atraer y retener
profesionales idóneos provenientes del sector privado.
7. La
problemática tratada no es nueva, ya que el país ha realizado varios intentos
de reforma sobre el empleo público. Durante poco más de una década el
diagnóstico es básicamente el mismo, sin que se hayan ejecutado las
recomendaciones indicadas.
Bajo el
contexto referido, varios temas merecen especial atención:
1. La
ausencia de rectoría institucional en empleo y política salarial y la
inexistencia de sistemas para controlar aumentos salariales en sector
descentralizado.
2. El
alcance y cobertura institucional que puede o debe tener una reforma en el
Régimen de Servicio Civil.
3. Los
mecanismos de automaticidad en la aplicación del sistema de remuneraciones de
salario base, anualidades y pluses, que no responden a mejoras en el desempeño
o en la productividad.
4. La
factibilidad de replicar esquemas exitosos de salario único al interior del
sector público (efecto demostración).
5. La
aplicación de las mejores prácticas internacionales en el servicio civil:
evaluación del desempeño, esquemas sancionatorios, esquemas de incentivos y
promociones basados en el mérito, racionalidad en el otorgamiento de
bonificaciones salariales, rendición de cuentas y otros aspectos.
6. La
importancia de las mediciones de eficiencia, en cuanto al número adecuado de
empleados que se requiere.
7. La
necesidad de replantear el concepto de autonomía, malinterpretado en Costa Rica
al dar vía libre a un sistema sin controles ni lineamientos para una serie de
instituciones públicas.
8. El plazo
en el que se proyectan los efectos de una reforma al Servicio Civil, derivados
de la salida de los funcionarios que se encuentran en el régimen anterior, y de
la entrada de nuevos funcionarios los cuales integrarían el nuevo régimen.
Para el caso
de una reforma al servicio civil de Costa Rica surgen varias interrogantes que
el país debe definir:
¿Cuál es el
alcance que se quiere o se puede?
¿Abarcar el
sistema en su conjunto, o por segmentos específicos?
¿Cuál es el
enfoque apropiado? ¿De choque o gradualidad?
¿El tema
está en el debate público? ¿Existe suficiente capital político para impulsar la
reforma?
¿Son
posibles las alianzas en pro de la reforma?
El
costo-beneficio de las reformas en el empleo público y la política salarial
luce positivo en términos del bienestar social, por sus impactos en el déficit
fiscal, la gobernabilidad y el desarrollo económico. Pero al mismo tiempo ello
implica un gran desafío para las autoridades, en términos de los arreglos
institucionales, políticos, económicos y sociales que serán necesarios para
poner en marcha las reformas. El tema es altamente sensible, toca una gran
cantidad de intereses y genera resistencias al cambio, como bien lo ha
evidenciado la experiencia internacional, sobre todo cuando existen posiciones
encontradas con respecto al efecto del empleo público y el costo de la planilla
estatal en la sostenibilidad de las finanzas públicas. A manera de ilustración,
en el Recuadro 5 se transcriben los planteamientos de una organización sindical
y de la Dirección General de Servicio Civil sobre dichos temas.
¡Más
clarito no canta el gallo! ¿Verdad que sí? Así que la próxima vez que escuche a
Albino Vargas y a sus camaradas sindicales, hablando de sus grandes “logros y
derechos laborales”, acuérdese de este informe [1]. Lo invito cordialmente a
que saque una hora de su vida y lea este informe tan útil; entre más informado
este usted, menos podrán embaucarlo o engañarlo los sindicalistas.
Su
servidor;
Steven J.
Caamaño
[1] http://www.asamblea.go.cr/julio_rojas/documentos_relevantes/Empleo%20y%20Pol%C3%ADtica%20Salarial%20del%20Sector%20Publico%20de%20Costa%20Rica.pdf
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