Thursday, May 21, 2015

El Embrollo Fiscal

Editorial de La Nación | 21 de mayo de 2015

- El problema fiscal existe y es grave, aunque desde la época de la Ley de Solidaridad Tributaria los ahora gobernantes se hayan negado a aceptarlo
- Es preciso hablar con sinceridad, desterrar la maniobra cortoplacista y la demagogia, mostrar voluntad de cambio y negociar una agenda equilibrada

El 14 de marzo del 2012, veintidós diputados liberacionistas, ocho del Partido Acción Ciudadana y un evangélico se unieron para aprobar el Plan de Solidaridad Tributaria propuesto por la presidenta Laura Chinchilla. Parecía vencida la férrea oposición del resto del Congreso, incluido su presidente Juan Carlos Mendoza y las facciones del PAC afines al futuro candidato Luis Guillermo Solís, pero todavía quedaba la posibilidad de acudir a la Sala IV, alegar un defecto de procedimiento y liquidar el plan, como en efecto sucedió.

Así, los partidarios del ahora presidente Solís derrotaron un proyecto cuyos beneficios se habrían hecho sentir en el último año y medio de la administración Chinchilla, cuando mucho. En cambio, el nuevo gobierno habría tenido los recursos adicionales a mano desde el primer día y durante todo su periodo.

Para más ironía, el Plan de Solidaridad Tributaria se parecía mucho a la propuesta fiscal de la administración Solís, pero durante el gobierno de Chinchilla, los opositores lo calificaban de innecesario. Consecuente con esa posición, el candidato del PAC prometió no crear impuestos antes de cumplir dos años en el Gobierno. Para cimentar la promesa, ofreció dedicar la primera mitad del mandato a demostrar cómo se gasta bien, con eficacia y austeridad.

A pocos meses de la inauguración, las universidades estatales recibieron un torrente de recursos y los empleados públicos obtuvieron importantes aumentos salariales. De paso, el presidente levantó el veto a la reforma procesal laboral, una medida difícilmente compatible con la austeridad fiscal. Pronto apareció un presupuesto nacional ampliado en un 19% y su aprobación dio pie a escenas inusitadas.

Cuando diversos sectores reclamaron la austeridad prometida, el presidente Solís elogió una manifestación de estudiantes convocada para impedir ajustes al presupuesto universitario. La ministra de Cultura fue más allá y se puso al frente de una protesta de trabajadores del sector.

En el Congreso, las maniobras incluyeron súbitas y extrañas sustituciones en la comisión dictaminadora del plan de gastos, groseros ataques contra diputados opuestos al despilfarro y, finalmente, la aprobación del proyecto con métodos poco después censurados por la Sala IV, que los encontró incompatibles con la Constitución y los principios democráticos.

Poco antes, las calificadoras internacionales habían empezado a restar respaldo a los bonos costarricenses. El Gobierno, en vísperas de su pírrica victoria presupuestaria, más bien restó importancia a esos pronunciamientos, en algunos casos con un dejo de afirmación nacionalista. Henry Mora, entonces presidente del Congreso, aseguró que el país no debía asustarse por el dictamen de las calificadoras internacionales, así como en el pasado no temió a los filibusteros.

No había pasado el primer año de la nueva administración cuando el Ministerio de Hacienda hizo su propuesta de reforma tributaria. El Gobierno abandonó la promesa de campaña y comenzó a promover el plan en un ambiente enrarecido por las maniobras recientes, el distanciamiento entre el Ministerio de la Presidencia e importantes sectores del Congreso y la alegre actitud fiscal observada por la administración hasta ese momento.

Casi de inmediato, el propio presidente debilitó la credibilidad de la propuesta cuando decidió aplacar protestas del sector cooperativo contra la eliminación de sus exenciones tributarias. El mandatario argumentó a favor de mantener las exoneraciones y, para justificar una enmienda tan prematura, dijo estar en desacuerdo con varios aspectos del plan fiscal, aunque no especificó cuáles.

En su discurso del primero de mayo, justo a medio camino de la fecha fijada para promover la creación de impuestos, el mandatario hizo un dramático llamado a la “conciencia” para pedir la aprobación del plan fiscal y evitar la inestabilidad económica. Por su parte, el ministro de Hacienda se muestra preocupado por el encarecimiento del crédito a Costa Rica después de las calificaciones internacionales descendientes. “Se me cae la cara de vergüenza con los organismo financieros”, afirmó el también vicepresidente Helio Fallas.

No han pasado dos años desde la inauguración de la administración Solís, apenas hace tres de la derrota del Plan de Solidaridad Tributaria, la memoria de la lucha contra William Walker sigue presente y el mandatario no ha explicado cuáles aspectos de la propuesta fiscal lesionan sus convicciones, pero llama a la conciencia de la oposición maltratada en la primera legislatura, cuando el PAC ejercía control del Congreso.

La voltereta es demasiado grande. La confianza está debilitada. Es necesario reconstruirla. El problema fiscal existe y es grave, aunque desde la época de la Ley de Solidaridad Tributaria los ahora gobernantes se hayan negado a aceptarlo. El Gobierno necesita nuevos ingresos, pero no los obtendrá mientras subsista el riesgo de despilfarro.

La administración debe acercarse al Congreso y a la oposición, no para reclamarle haber creado el déficit fiscal, como hizo el presidente el primero de mayo sin reconocer sus propios aportes y los de su partido a la crisis. El PAC no fue creado ayer ni el mandatario carece de protagonismo político desde sus días de secretario general del Partido Liberación Nacional.

Es preciso hablar con sinceridad, desterrar la maniobra cortoplacista y la demagogia, mostrar voluntad de cambio y negociar una agenda equilibrada con la valentía requerida para enfrentar a los grupos de presión que, con toda seguridad, se alzarán contra la buena administración fiscal.

Fuente:
http://www.nacion.com/opinion/editorial/embrollo-fiscal_0_1488851107.html

Tuesday, May 12, 2015

Incentivos salariales duplican costos de planilla de asesores de Casa Presidencial

Por Yamileth Angulo (elmundo.cr) | 9 de Mayo 2015

Muchos gozan de su primer trabajo al pasar de las aulas universitarias a puestos de asesoría a Casa Presidencial, donde sus salarios base se ven generosamente abultados por los incentivos salariales.

Los incentivos salariales en muchos casos duplican el ingreso base de los funcionarios y encarecen la planilla de Casa Presidencial, en tiempos de austeridad.

Por ejemplo la asistente personal del presidente Luis Guillermo Solís, Verónica Fernández, recibe adicional al salario base los incentivos de carrera profesional, dedicación exclusiva, discrecionalidad y confidencialidad.

En el caso de esta funcionaria recibe un salario base de 787 550 colones, que se le incrementa en 665 830 colones por los “pluses”, quedando un total de 1 millón 453 mil colones. En el caso de Fernández ostenta el grado de licenciatura.

Otro caso es el de Emilia Selva Jiménez, asignada al despacho presidencial, que con el grado de secundaria recibe un salario base de 536 mil colones, más 342 mil colones por incentivos salariales, para un total de 878 mil colones.

El asesor presidencial, Luis Emilio Jiménez, recibe un salario base de 1 millón 293 mil colones, a lo que se le suman 1 millón 284 mil colones por los incentivos, quedando un salario total de 2 millones 577 mil colones.

Carlos Manuel Videche Guevara, también asesor en el despacho presidencial, recibe un salario base de 782 mil colones, con un adicional en incentivos (carrera profesional, discrecionalidad y confidencialidad y prohibición) de 742 mil colones, para un monto total de 1 millón 524 mil colones.

El bachiller en Derecho, Diego González Fernández, que aún se mantiene como estudiante en la Universidad de Costa Rica, donde fue dirigente estudiantil en la organización política fundada por hijos del presidente Solís, recibe incentivos de dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, discrecionalidad y confidencialidad, para un ingreso total de 1 millón 42 mil colones (445 mil incentivos, 596 mil salario base).

Similar situación es la de Rebeca Sandí Salvatierra, que recibe un monto similar por salario base de 596 mil colones, más 438 mil por incentivos, lo que da un total de ingresos de 1 millón 34 mil colones.

El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Mariano Salas, recibe un salario base de 782 mil colones, más incentivos por 398 mil colones, llegando a un ingreso total de 1 millón 180 mil colones.

El asesor en comunicación, Cesar Barrantes tiene definido un salario base de 760 mil colones, que se incrementa en 690 mil colones por incentivos, recibiendo en total, 1 millón 450 mil colones.

La periodista y encargada de prensa del presidente Solís, Stephanie Maybe González, tiene un salario base de 997 mil colones, más un monto de 935 mil colones por incentivos, recibiendo un total de 1 millón 932 mil colones.

Es importante señalar que los incentivos están regulados por distintos instrumentos jurídicos a saber, leyes, reglamentos, acuerdos de junta directiva, decretos, convenciones colectivas y otros.

Lista completa de la planilla de Casa Presidencial: Planilla-Integra-Marzo-2015:
http://www.elmundo.cr/wp-content/uploads/2015/05/Planilla-Integra-Marzo-2015.pdf

Fuente:
http://www.elmundo.cr/costarica/incentivos-salariales-duplican-costos-de-planilla-de-asesores-de-casa-presidencial/

Monday, May 11, 2015

PAC y Frente Amplio acuerdan unirse para las elecciones municipales

Por Natasha Cambronero | 9 de mayo de 2015

Cúpulas autorizan a comités cantonales para que negocien las candidaturas
-  Partidos ya tienen conversaciones avanzadas en tercera parte de los cantones

Los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) acordaron luchar juntos para las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016, en las cuales se elegirán alcaldes y regidores para el período 2016-2020.
Los comités ejecutivos de ambas agrupaciones autorizaron a los dirigentes cantonales a que negocien candidaturas conjuntas en los 81 cantones del país, ya sea mediante alianzas o coaliciones.
En esos pactos, un partido desiste de presentar candidatos para apoyar a los del otro. En las coaliciones, los aspirantes se inscriben bajo un nombre y una bandera conjunta.
El acercamiento lo confirmaron a La Nación la secretaria general del PAC, Gabriela Saborío, y la presidenta y diputada del Frente Amplio, Patricia Mora. Ambas reconocieron que las dos cúpulas se han reunido, de manera formal, en al menos dos ocasiones, la última de ellas, el jueves pasado.
“Tenemos muchos puntos de coincidencia en lo que deben ser los gobiernos locales. (...). Estamos diciendo que, como comités ejecutivos nacionales, les damos la libertad para que, con toda confianza, las dirigencias de los dos partidos conversen para determinar si podemos trabajar juntos bajo una misma agenda de trabajo”, declaró Saborío.
Mora corroboró las gestiones. “Lo ideal hubiese sido que fuéramos en coalición con otro nombre, pero no se puede en todos los casos. Entonces, en algunos cantones, iremos en coalición y, en otros, en alianza, bajo la bandera del PAC en unos casos y, en otros, con la del FA. Dependerá de cuál de los dos partidos tenga una mejor organización territorial”.
Agregó que, si bien no le cierran las puertas a otros partidos, principalmente los cantonales, la prioridad del Frente Amplio es el PAC, pues comparten principios éticos y han sido compañeros en otras contiendas, como la que gestaron en el 2007 en torno a la campaña del “no” al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU.
“Somos compañeros de luchas y además compartimos los principios éticos, por lo cual todos sus candidatos cuentan con nuestra confianza”, dijo Mora.
La jerarca del partido del Gobierno, en tanto, aboga por que las negociaciones se basen en una agenda conjunta, pues según ella, existen muchos acuerdos. “El deseo de más eficiencia, de más solidaridad, de un fortalecimiento de la cultura, de mejor inversión de los recursos, de eliminar el clientelismo, todos esos son puntos muy fuertes en los que ambos coincidimos”.
El plazo para inscribir coaliciones vence el 6 de octubre.
Hoy, Liberación Nacional (PLN) domina 59 de las 81 alcaldías; la Unidad Social Cristiana (PUSC), nueve, y el PAC, seis. Las siete restantes se las reparten otros cinco partidos.
Acuerdos maduros.  Mora aseguró que el FA y el PAC ya tienen acuerdos o negociaciones “cuajando” en una tercera parte de los cantones (cerca de 27). Mencionó los casos de San José, Alajuela, Heredia y Belén.
“En San José que es un cantón muy simbólico, todavía no hemos alcanzado un acuerdo, pero estamos en negociaciones, definiendo el candidato, el nombre de la coalición y el plan de Gobierno que impulsaremos”, expresó la presidenta del FA.
Gabriela Saborío consideró que los acuerdos tomarán fuerza después de que este sábado la Asamblea Nacional rojiamarilla vote las lineamientos autorizados por la cúpula para hacer las alianzas o coaliciones.