Por Steven J. Caamaño | 31 Agosto 2015
El artículo que publicó La Nación es muy revelador y corrobora lo que muchos hemos venido diciendo sobre los desvergonzados abusos que han cometido los sindicatos del sector público. En el 2014, las siguientes instituciones gastaron más de ¢533.000 millones de colones en pluses (anualidades, horas extra, dedicación exclusiva, prohibición y otros incentivos) y ¢460.000 millones en sueldos base [1]:
1. Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
2. Instituto Nacional de Seguros (INS)
3. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)
4. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
5. Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE)
6. Junta de Protección Social (JPS)
7. Consejo Nacional de la Producción (CNP)
8. Universidad de Costa Rica (UCR)
9. Universidad Estatal a Distancia (UNED)
10. Instituto Tecnológico (ITCR)
¿Le parece justo que los sindicalistas reciban más dinero en pluses que salarios base? ¡Por supuesto que no! Especialmente cuando nosotros somos quienes pagamos con nuestros impuestos dichos salarios y pluses en el sector público; no tenemos el derecho a recibir los mismos salarios y pluses en el sector privado; y nos quieren meter aún más impuestos para pagar el exorbitante crecimiento de los salarios y pluses en el sector público. ¿Sabía usted que, entre el 2010 y el 2014, los pluses crecieron un 12% por encima de la inflación en estas entidades y los salarios crecieron un 10% [1]? ¡Qué descarado! ¿Verdad que sí?
Los ilusos comunistas y socialistas costarricenses metidos en los sindicatos alegarán estúpidamente que “la información es falsa” (aun cuando la información proviene directamente de la Contraloría General) o que se trata de “gloriosas conquistas laborales” (que únicamente benefician a los sindicalistas). Estos vividores tratan de convencernos de que los “pobres sindicalistas” se merecen sus “anualidades” y sus “horitas extra”, los cuales suman el 75% de los pluses (¢398.000 millones de colones), y que todos debemos pagar más impuestos con el fin de seguir financiado estos y otros rubros que solo ellos pueden disfrutar.
¿Notaron la ausencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la lista? Todos sospechamos, con buena razón, que el ICE es otro “elefante blanco” que debe estar gastando más en pluses que en salarios. Pero, aun cuando el ICE es una entidad pública (que pertenece a los costarricenses) que debe ser “transparente”, la dirigencia y los sindicalistas del ICE no quieren que los costarricenses se enteren del estado de sus actividades y estados financieros que reportan a la Contraloría General y el Consejo de Gobierno [2]. ¿Por qué? Porque nosotros confirmaríamos el hecho de que gastan mas en pluses que salarios.
Fuente:
[1] http://www.nacion.com/nacional/politica/instituciones-gastan-pluses-salarios_0_1508849132.html
[2] http://www.nacion.com/nacional/politica/Contralora-enfrentar-ICE-juicio-transparencia_0_1509249120.html
Monday, August 31, 2015
Tuesday, August 25, 2015
¿A quién amenaza Uber?
Por David Gutiérrez | 25 Agosto 2015
davgutswa@gmail.com
Recientemente inició operaciones en Costa Rica la empresa estadounidense Uber, fundada en el 2009 en San Francisco, Estados Unidos, y cuyo valor actual se estima en $50 billones.
Uber desarrolló y opera una conocida aplicación tecnológica que permite autoabastecer las necesidades de transporte a una comunidad de usuarios. El servicio de Uber, que está presente en más de 60 países y casi 300 ciudades del mundo, es parte de la llamada “economía colaborativa”.
Como ha pasado en otros lugares del mundo, los taxistas (y en Costa Rica se agregan los porteadores), han expresado su oposición a la entrada de Uber e incluso ya se dieron acciones violentas contra choferes de esta red.
Para empezar, es difícil entender por qué está restringido el número de placas de taxi o permisos de porteo que se pueden otorgar, ya que en una economía abierta y competitiva como la nuestra todas las empresas tienen que lidiar con un número ilimitado de posibles competidores. Así, cada vez puede haber más tiendas de ropa, médicos, abogados, pulperías y demás.
Esa es la realidad del mercado y de la actividad económica. ¿Qué tienen de especial los taxis para que exista un número máximo de competidores fijado por el Estado? ¿Con qué criterio se fija ese tope de placas y permisos? Se trata de inaceptables barreras de entrada.
Obviamente se deben establecer requisitos para ejercer ciertos trabajos: patentes municipales, grados académicos, etc. En el caso de taxis se podría dar una placa a todo aquél que cumpla ciertos requisitos como tipo de vehículo, licencia, seguros y otros. Pero sin límite de placas.
En segundo lugar, si el servicio que proveyeran los taxistas y porteadores fuera tan bueno, no tendrían por qué preocuparse. Los usuarios no dudarían en continuar usando sus servicios en lugar de los de Uber…
Lamentablemente no es así. Muchos utilizan verdaderas cacharpas, sucias y hediondas, con un servicio paupérrimo, limitándose a ciertos destinos y discriminando sus servicios. Pues bien, ahora veremos los resultados de la competencia del libre mercado, como es el caso en todas las demás actividades económicas.
La regulación de taxis y porteadores en Costa Rica es del 2011 y desafortunadamente se trata de una ley “a la tica” para remediar una batalla histórica entre esos dos bandos.
Pero Uber es diferente. Se trata de una actividad que no está dirigida al público, sino solamente a los miembros de una comunidad cerrada que, como persona jurídica, es el centro último de imputación de deberes y obligaciones. Se diferencia del servicio de transporte público en que no se dirige al público y no hay una relación de suministro de prestatario a usuario, sino que es una relación interna dentro de un club de autoabastecimiento. Pretender regular legalmente servicios de transporte privado es volver a las épocas de Mussolini.
Además, la realidad es que hay dueños de placas o de permisos de porteo que “alquilan” esos derechos a otros choferes. Uber, por el contrario, permite a quien quiera ofrecer servicios de transporte privado. No es necesario ser amigo del diputado o del politiquillo de turno para que le den una (o varias…) placa(s). ¿Por qué tenemos que pagar ese precio los usuarios?
Finalmente, Uber brinda muchos beneficios, tanto a los miembros de la comunidad como a la economía y la hacienda pública. Por un lado, genera ingresos que son visibles para el Estado, ya que los choferes Uber pagarán cargas sociales e impuestos como cualquier otro empresario. Por otro, soluciona un problema de empleo y subempleo.
Con una tasa mayor al 10% de desempleo y con un alto déficit fiscal, estas deberían ser muy buenas noticias para la economía nacional.
En todas las ciudades en las que opera Uber la satisfacción con la experiencia de movilidad es altísima. Se trata de autos modernos, limpios, muchos más cómodos y seguros. Los miembros de la comunidad, choferes y usuarios, se retroalimentan y esto es de conocimiento en la red establecida. Además, hay ahorro de tiempo y de dinero.
Aunque Uber no necesita permiso para operar, en general es conveniente encontrar un acomodo de la economía colaborativa con la regulación. Lo más conveniente sería analizar la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias de la realidad de los mercados.
Pretender prohibir o luchar contra las aplicaciones tecnológicas es absurdo. En ese caso, los carteros se deberían de oponer el email, las fábricas de CDs a Itunes, los dibujantes de mapas al GPS, las agencias de viajes a despegar.com, o (como ya pasó), el ICE se opuso a Skype…
Una cosa es regular una industria y otra intervenir el mercado. No nos opongamos a un mejor servicio y a fuentes de empleo.
Con o sin Uber, la industria de taxis se debe liberar. Dejemos que sea el mercado, con sus reglas de oferta y demanda, el que establezca el número de taxistas… no los políticos.
Menos aún, que taxistas y porteadores defiendan prebendas con intimidaciones y peligrosos actos violentos.
Fuente: http://www.crhoy.com/a-quien-amenaza-uber/
davgutswa@gmail.com
Recientemente inició operaciones en Costa Rica la empresa estadounidense Uber, fundada en el 2009 en San Francisco, Estados Unidos, y cuyo valor actual se estima en $50 billones.
Uber desarrolló y opera una conocida aplicación tecnológica que permite autoabastecer las necesidades de transporte a una comunidad de usuarios. El servicio de Uber, que está presente en más de 60 países y casi 300 ciudades del mundo, es parte de la llamada “economía colaborativa”.
Como ha pasado en otros lugares del mundo, los taxistas (y en Costa Rica se agregan los porteadores), han expresado su oposición a la entrada de Uber e incluso ya se dieron acciones violentas contra choferes de esta red.
Para empezar, es difícil entender por qué está restringido el número de placas de taxi o permisos de porteo que se pueden otorgar, ya que en una economía abierta y competitiva como la nuestra todas las empresas tienen que lidiar con un número ilimitado de posibles competidores. Así, cada vez puede haber más tiendas de ropa, médicos, abogados, pulperías y demás.
Esa es la realidad del mercado y de la actividad económica. ¿Qué tienen de especial los taxis para que exista un número máximo de competidores fijado por el Estado? ¿Con qué criterio se fija ese tope de placas y permisos? Se trata de inaceptables barreras de entrada.
Obviamente se deben establecer requisitos para ejercer ciertos trabajos: patentes municipales, grados académicos, etc. En el caso de taxis se podría dar una placa a todo aquél que cumpla ciertos requisitos como tipo de vehículo, licencia, seguros y otros. Pero sin límite de placas.
En segundo lugar, si el servicio que proveyeran los taxistas y porteadores fuera tan bueno, no tendrían por qué preocuparse. Los usuarios no dudarían en continuar usando sus servicios en lugar de los de Uber…
Lamentablemente no es así. Muchos utilizan verdaderas cacharpas, sucias y hediondas, con un servicio paupérrimo, limitándose a ciertos destinos y discriminando sus servicios. Pues bien, ahora veremos los resultados de la competencia del libre mercado, como es el caso en todas las demás actividades económicas.
La regulación de taxis y porteadores en Costa Rica es del 2011 y desafortunadamente se trata de una ley “a la tica” para remediar una batalla histórica entre esos dos bandos.
Pero Uber es diferente. Se trata de una actividad que no está dirigida al público, sino solamente a los miembros de una comunidad cerrada que, como persona jurídica, es el centro último de imputación de deberes y obligaciones. Se diferencia del servicio de transporte público en que no se dirige al público y no hay una relación de suministro de prestatario a usuario, sino que es una relación interna dentro de un club de autoabastecimiento. Pretender regular legalmente servicios de transporte privado es volver a las épocas de Mussolini.
Además, la realidad es que hay dueños de placas o de permisos de porteo que “alquilan” esos derechos a otros choferes. Uber, por el contrario, permite a quien quiera ofrecer servicios de transporte privado. No es necesario ser amigo del diputado o del politiquillo de turno para que le den una (o varias…) placa(s). ¿Por qué tenemos que pagar ese precio los usuarios?
Finalmente, Uber brinda muchos beneficios, tanto a los miembros de la comunidad como a la economía y la hacienda pública. Por un lado, genera ingresos que son visibles para el Estado, ya que los choferes Uber pagarán cargas sociales e impuestos como cualquier otro empresario. Por otro, soluciona un problema de empleo y subempleo.
Con una tasa mayor al 10% de desempleo y con un alto déficit fiscal, estas deberían ser muy buenas noticias para la economía nacional.
En todas las ciudades en las que opera Uber la satisfacción con la experiencia de movilidad es altísima. Se trata de autos modernos, limpios, muchos más cómodos y seguros. Los miembros de la comunidad, choferes y usuarios, se retroalimentan y esto es de conocimiento en la red establecida. Además, hay ahorro de tiempo y de dinero.
Aunque Uber no necesita permiso para operar, en general es conveniente encontrar un acomodo de la economía colaborativa con la regulación. Lo más conveniente sería analizar la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias de la realidad de los mercados.
Pretender prohibir o luchar contra las aplicaciones tecnológicas es absurdo. En ese caso, los carteros se deberían de oponer el email, las fábricas de CDs a Itunes, los dibujantes de mapas al GPS, las agencias de viajes a despegar.com, o (como ya pasó), el ICE se opuso a Skype…
Una cosa es regular una industria y otra intervenir el mercado. No nos opongamos a un mejor servicio y a fuentes de empleo.
Con o sin Uber, la industria de taxis se debe liberar. Dejemos que sea el mercado, con sus reglas de oferta y demanda, el que establezca el número de taxistas… no los políticos.
Menos aún, que taxistas y porteadores defiendan prebendas con intimidaciones y peligrosos actos violentos.
Fuente: http://www.crhoy.com/a-quien-amenaza-uber/
Wednesday, August 12, 2015
El Mega-Fraude de las Próximas Elecciones Venezolanas
Por Steven J. Caamaño | 12 Agosto 2015
Yo predigo que “los socialistas van a ganar la mayoría parlamentaria” nuevamente, en las próximas elecciones en Venezuela, debido a dos hechos muy claros y verificables.
Por un lado, debemos recordar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el poder, cambio los distritos electorales para darles más peso electoral a aquellos distritos dominados por los socialistas. Dicha práctica se conoce como “gerrymandering” [1] y consiste en una desvergonzada “manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio…” (uniéndolas, dividiéndolas, o asociándolas), “con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales” [2]. En otras palabras, es “una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral determinado” [2] y que se usa en Venezuela para mejorar los resultados electorales del PSUV. Permítanme darles un buen ejemplo…
Por ejemplo, en el Distrito Capital se eligen a 10 diputados: 3 por representación proporcional y 7 por circunscripciones. En las elecciones del 2010, MPJ consiguió 484.844 votos (47,80 %) y PSUV consiguió 484.103 votos (47,73 %). Como el MPJ ganó, este obtuvo 2 diputados y el PSUV obtuvo 1 diputado a través de la representación proporcional. Entonces, basados en estos resultados, el MPJ debió recibir 4 diputados más y el PSUV debió recibir 3 diputados más a través de las circunscripciones. Pero, como el PSUV manipuló las circunscripciones, el PSUV obtuvo 6 diputados más y el MPJ solo obtuvo 1 diputado más [3]. Aun cuando el MPJ obtuvo más votos, el PSUV terminó con el 70% de las curules de diputado.
Por otro lado, debemos recordar también que el PSUV controla los sistemas de votación electrónica del país y atemoriza a la población con sus “motorizados.” Un hecho que se hizo extremadamente evidente durante las últimas elecciones presidenciales. Existen múltiples videos en YouTube en donde se aprecia casos de “voto asistido por parte del oficialismo” y de la “desaparición de cajas electorales” por parte del ejercito por ejemplo [4]. En otras palabras, el PUSV puede monitorear clandestinamente el progreso de la votación “en vivo”, manipular desvergonzadamente (“a punta de pistola en algunos casos”) las mesas electorales, e inyectar estratégicamente los votos (“fantasmas”) que necesita para triunfar…
Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales del 2013, Nicolás Maduro y sus secuaces en el CNE se confiaron demasiado en las encuestas y en el aparato electoral constituido por el propio CNE. Pero, cuando determinaron que Maduro perdería, se vieron forzados a implementar un “plan correctivo” que dejó innumerables huellas del fraude; como la habilidad de “votar más de una vez.” Un hecho que fue constatado por una delegación de observadores brasileños en el centro de votación del colegio Santa Rosa de Lima, en Baruta. Básicamente, la máquina del CNE le permitió a los “brasileños” votar con solo ingresar el número de cedula de otra persona alguien y poner su huella dactilar [5]. ¡Fue así de simple!
La única diferencia con los fraudes electorales anteriores es que, este va a ser tan obvio y espectacular, que ni ellos van a poder ocultarlo a nivel nacional e internacional. Especialmente cuando Maduro solo cuenta con el apoyo del 20% de la población (según las encuestas nacionales) [6]. Por eso es que no quieren ni un solo observador internacional, ni siquiera quiere tener a sus aliados socialistas del ALBA como observadores, para que el mega-fraude no sea presenciado por nadie que los pueda delatar. En mi opinión, el fraude va a ser muy similar (en práctica) a lo que vimos en las elecciones presidenciales del 2013; tal y como lo describió Don Emili Blasco (corresponsal del diario ABC de España) en NTN24 [7].
Fuentes:
[1] http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/03/01/this-is-the-best-explanation-of-gerrymandering-you-will-ever-see/
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering
[3] http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=EEQNDnKRdfM
[5] http://www.eluniversal.com/opinion/130428/fraude-electoral-en-venezuela
[6] http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/35941/352/carlos-vilchez:-aseguran-un-megafraude-en-las-proximas-elecciones-venezolanas
[7] https://www.youtube.com/watch?v=M9x5k9-8ZiM
Yo predigo que “los socialistas van a ganar la mayoría parlamentaria” nuevamente, en las próximas elecciones en Venezuela, debido a dos hechos muy claros y verificables.
Por un lado, debemos recordar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el poder, cambio los distritos electorales para darles más peso electoral a aquellos distritos dominados por los socialistas. Dicha práctica se conoce como “gerrymandering” [1] y consiste en una desvergonzada “manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio…” (uniéndolas, dividiéndolas, o asociándolas), “con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales” [2]. En otras palabras, es “una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral determinado” [2] y que se usa en Venezuela para mejorar los resultados electorales del PSUV. Permítanme darles un buen ejemplo…
Por ejemplo, en el Distrito Capital se eligen a 10 diputados: 3 por representación proporcional y 7 por circunscripciones. En las elecciones del 2010, MPJ consiguió 484.844 votos (47,80 %) y PSUV consiguió 484.103 votos (47,73 %). Como el MPJ ganó, este obtuvo 2 diputados y el PSUV obtuvo 1 diputado a través de la representación proporcional. Entonces, basados en estos resultados, el MPJ debió recibir 4 diputados más y el PSUV debió recibir 3 diputados más a través de las circunscripciones. Pero, como el PSUV manipuló las circunscripciones, el PSUV obtuvo 6 diputados más y el MPJ solo obtuvo 1 diputado más [3]. Aun cuando el MPJ obtuvo más votos, el PSUV terminó con el 70% de las curules de diputado.
Por otro lado, debemos recordar también que el PSUV controla los sistemas de votación electrónica del país y atemoriza a la población con sus “motorizados.” Un hecho que se hizo extremadamente evidente durante las últimas elecciones presidenciales. Existen múltiples videos en YouTube en donde se aprecia casos de “voto asistido por parte del oficialismo” y de la “desaparición de cajas electorales” por parte del ejercito por ejemplo [4]. En otras palabras, el PUSV puede monitorear clandestinamente el progreso de la votación “en vivo”, manipular desvergonzadamente (“a punta de pistola en algunos casos”) las mesas electorales, e inyectar estratégicamente los votos (“fantasmas”) que necesita para triunfar…
Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales del 2013, Nicolás Maduro y sus secuaces en el CNE se confiaron demasiado en las encuestas y en el aparato electoral constituido por el propio CNE. Pero, cuando determinaron que Maduro perdería, se vieron forzados a implementar un “plan correctivo” que dejó innumerables huellas del fraude; como la habilidad de “votar más de una vez.” Un hecho que fue constatado por una delegación de observadores brasileños en el centro de votación del colegio Santa Rosa de Lima, en Baruta. Básicamente, la máquina del CNE le permitió a los “brasileños” votar con solo ingresar el número de cedula de otra persona alguien y poner su huella dactilar [5]. ¡Fue así de simple!
La única diferencia con los fraudes electorales anteriores es que, este va a ser tan obvio y espectacular, que ni ellos van a poder ocultarlo a nivel nacional e internacional. Especialmente cuando Maduro solo cuenta con el apoyo del 20% de la población (según las encuestas nacionales) [6]. Por eso es que no quieren ni un solo observador internacional, ni siquiera quiere tener a sus aliados socialistas del ALBA como observadores, para que el mega-fraude no sea presenciado por nadie que los pueda delatar. En mi opinión, el fraude va a ser muy similar (en práctica) a lo que vimos en las elecciones presidenciales del 2013; tal y como lo describió Don Emili Blasco (corresponsal del diario ABC de España) en NTN24 [7].
Fuentes:
[1] http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/03/01/this-is-the-best-explanation-of-gerrymandering-you-will-ever-see/
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering
[3] http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=EEQNDnKRdfM
[5] http://www.eluniversal.com/opinion/130428/fraude-electoral-en-venezuela
[6] http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/35941/352/carlos-vilchez:-aseguran-un-megafraude-en-las-proximas-elecciones-venezolanas
[7] https://www.youtube.com/watch?v=M9x5k9-8ZiM
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