¿A quién amenaza Uber?

Por David Gutiérrez | 25 Agosto 2015
davgutswa@gmail.com

Recientemente inició operaciones en Costa Rica la empresa estadounidense Uber, fundada en el 2009 en San Francisco, Estados Unidos, y cuyo valor actual se estima en $50 billones.

Uber desarrolló y opera una conocida aplicación tecnológica que permite autoabastecer las necesidades de transporte a una comunidad de usuarios. El servicio de Uber, que está presente en más de 60 países y casi 300 ciudades del mundo, es parte de la llamada “economía colaborativa”.

Como ha pasado en otros lugares del mundo, los taxistas (y en Costa Rica se agregan los porteadores), han expresado su oposición a la entrada de Uber e incluso ya se dieron acciones violentas contra choferes de esta red.
Para empezar, es difícil entender por qué está restringido el número de placas de taxi o permisos de porteo que se pueden otorgar, ya que en una economía abierta y competitiva como la nuestra todas las empresas tienen que lidiar con un número ilimitado de posibles competidores. Así, cada vez puede haber más tiendas de ropa, médicos, abogados, pulperías y demás.

Esa es la realidad del mercado y de la actividad económica. ¿Qué tienen de especial los taxis para que exista un número máximo de competidores fijado por el Estado? ¿Con qué criterio se fija ese tope de placas y permisos? Se trata de inaceptables barreras de entrada.

Obviamente se deben establecer requisitos para ejercer ciertos trabajos: patentes municipales, grados académicos, etc. En el caso de taxis se podría dar una placa a todo aquél que cumpla ciertos requisitos como tipo de vehículo, licencia, seguros y otros. Pero sin límite de placas.

En segundo lugar, si el servicio que proveyeran los taxistas y porteadores fuera tan bueno, no tendrían por qué preocuparse. Los usuarios no dudarían en continuar usando sus servicios en lugar de los de Uber…

Lamentablemente no es así. Muchos utilizan verdaderas cacharpas, sucias y hediondas, con un servicio paupérrimo, limitándose a ciertos destinos y discriminando sus servicios. Pues bien, ahora veremos los resultados de la competencia del libre mercado, como es el caso en todas las demás actividades económicas.

La regulación de taxis y porteadores en Costa Rica es del 2011 y desafortunadamente se trata de una ley “a la tica” para remediar una batalla histórica entre esos dos bandos.

Pero Uber es diferente. Se trata de una actividad que no está dirigida al público, sino solamente a los miembros de una comunidad cerrada que, como persona jurídica, es el centro último de imputación de deberes y obligaciones. Se diferencia del servicio de transporte público en que no se dirige al público y no hay una relación de suministro de prestatario a usuario, sino que es una relación interna dentro de un club de autoabastecimiento. Pretender regular legalmente servicios de transporte privado es volver a las épocas de Mussolini.

Además, la realidad es que hay dueños de placas o de permisos de porteo que “alquilan” esos derechos a otros choferes. Uber, por el contrario, permite a quien quiera ofrecer servicios de transporte privado. No es necesario ser amigo del diputado o del politiquillo de turno para que le den una (o varias…) placa(s). ¿Por qué tenemos que pagar ese precio los usuarios?

Finalmente, Uber brinda muchos beneficios, tanto a los miembros de la comunidad como a la economía y la hacienda pública. Por un lado, genera ingresos que son visibles para el Estado, ya que los choferes Uber pagarán cargas sociales e impuestos como cualquier otro empresario. Por otro, soluciona un problema de empleo y subempleo.

Con una tasa mayor al 10% de desempleo y con un alto déficit fiscal, estas deberían ser muy buenas noticias para la economía nacional.

En todas las ciudades en las que opera Uber la satisfacción con la experiencia de movilidad es altísima. Se trata de autos modernos, limpios, muchos más cómodos y seguros. Los miembros de la comunidad, choferes y usuarios, se retroalimentan y esto es de conocimiento en la red establecida. Además, hay ahorro de tiempo y de dinero.

Aunque Uber no necesita permiso para operar, en general es conveniente encontrar un acomodo de la economía colaborativa con la regulación. Lo más conveniente sería analizar la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias de la realidad de los mercados.

Pretender prohibir o luchar contra las aplicaciones tecnológicas es absurdo. En ese caso, los carteros se deberían de oponer el email, las fábricas de CDs a Itunes, los dibujantes de mapas al GPS, las agencias de viajes a despegar.com, o (como ya pasó), el ICE se opuso a Skype…

Una cosa es regular una industria y otra intervenir el mercado. No nos opongamos a un mejor servicio y a fuentes de empleo.

Con o sin Uber, la industria de taxis se debe liberar. Dejemos que sea el mercado, con sus reglas de oferta y demanda, el que establezca el número de taxistas… no los políticos.

Menos aún, que taxistas y porteadores defiendan prebendas con intimidaciones y peligrosos actos violentos.

Fuente: http://www.crhoy.com/a-quien-amenaza-uber/