Proyecto de Ley de Radio: un peligroso botín político

Espectro
- Proyecto de Ley de Radio: un peligroso botín político
Por Juan Manuel Campos Ávila | 7 marzo 2015

La Contraloría General de la República, en el informe DFOE-IFR-IF-05-2013, sobre el Proyecto de Transición a la Radiodifusión Digital, emitido el 3 de julio del año 2013, le impuso al entonces Ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones del gobierno de doña Laura Chinchilla la obligación de “elaborar en un plazo de seis meses, un proyecto de ley orientado a solventar todas las debilidades de la Ley de Radio vigente”, agregando que dicho proyecto debería estar presentado en la corriente legislativa a más tardar el “31 de julio del 2014”.

La Contraloría señaló en esa oportunidad que la actual Ley de Radio estaba “obsoleta, incompleta y desactualizada”, y aunque pudiéramos cuestionar la intromisión de la Contraloría General de la República en el proceso constitucional de formación de la ley, es cierto también que con la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones se mutiló completamente la Ley de Radio, dejando un cuerpo normativo amorfo y con graves carencias normativas, que hace necesaria una revisión integral del marco normativo de la radio y la televisión costarricenses.

La propuesta del Poder Ejecutivo. Con estos antecedentes el Gobierno de la República presentó a diversos sectores de la vida nacional un proyecto de reforma integral a la Ley de Radio que no aporta absolutamente nada nuevo respecto al modelo regulatorio actual y por el contrario crea un clima de confusión enorme por la curiosa intención -intervención- del Poder Ejecutivo para regular la publicidad y la programación nacional.

Botín de frecuencias. Quizás lo más grave del proyecto circulado recientemente se encuentra en el hecho de crear condiciones de acaparamiento de frecuencias por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de reunir un peligroso botín de frecuencias radioeléctricas que no estarían sujetas a procesos concursales sino al designio del gobernante de turno.

El gobierno no ha tenido empacho en proponer una reserva equivalente al 30% del espectro para ser otorgado a estaciones de radiodifusión de libre acceso, regionales y comunitarias; en igual sentido, el Poder Ejecutivo también quiere reservarse el 30% del total del espectro que quede libre después de la digitalización de la televisión para estaciones de libre acceso “nacionales, regionales y comunitarias”.

Topes de espectro. El proyecto de ley también ensaya una regulación de topes de espectro para evitar concentraciones de frecuencias, pero se les olvidó que la regulación debe ser general; es decir, debe imponerse desde la Ley General de Telecomunicaciones a todos los concesionarios por igual y no a un sector en específico.

Seguridad jurídica. El proyecto es totalmente ayuno de normas orientadas a consolidar la seguridad jurídica de aquellos que estén cumpliendo a cabalidad con sus contratos de concesión y lejos de reconocer el enorme esfuerzo de pequeñas y medianas empresas costarricenses, el contenido tiene sesgos expropiatorios.

Peligroso antecedente. La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo no es ni más ni menos que un peligroso antecedente para el control de los medios en el que no es posible, a la luz de la Constitución Política vigente, otorgar la explotación de frecuencias radioeléctricas por mecanismos que no sea el de concesión vía concurso público. Brindarle al Poder Ejecutivo un botín de frecuencias de radio y televisión es un grave peligro para la democracia costarricense.

Fuente:
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/252970/espectro