¿Quiénes son los que militan en el partido socialista Frente Amplio?

Por Steven J. Caamaño | 10 Noviembre 2015

La Real Academia Española define propaganda como la “acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos” [1].  En el caso del partido socialista Frente Amplio (FA), su propaganda da a conocer una imagen falsa del partido, con el fin de embaucar a los costarricenses menos educados o informados y atraerlos a su causa [2].  Precisamente la misma estrategia que emplearon para las elecciones del 2014 y que los llevó al poder de la mano de su aliado: el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC).  Noten como el lema de la propaganda de FA, “sembrando esperanza”, no alude a su perniciosa ideología, sus verdaderos objetivos políticos, su afiliación con el Foro de Sao Paulo, o sus acciones dentro del gobierno.  Así que me permito recordarles quien es el partido socialista Frente Amplio (FA).

Primero, el estatuto del partido socialista Frente Amplio (FA) claramente afirma, en su Artículo 4, que FA es “SOCIALISTA” y “LATINOAMERICANISTA” [3].  ¡“Más clarito no canta el gallo”!  ¿Verdad que sí?  Todos sabemos muy bien que el “socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución equitativa de la miseria” (Winston Churchill).  Venezuela es el mejor ejemplo del socialismo que pregona FA en Costa Rica.  Gracias al socialismo, Venezuela es uno de los diez países más corruptos del mundo [4] y tiene la inflación más alta del mundo con un 68.50% (superó a la de Corea del Norte y Siria) [5].  Al mismo tiempo, el latinoamericanismo al que FA alude es puramente “anti-imperialista” y es parte de la doctrina del socialismo del siglo XXI [6].

Segundo, en un documento titulado “Cinco Puntos Definitorios Del Partido Frente Amplio” y publicado en su página web, el partido socialista Frente Amplio (FA) claramente “plantea como su objetivo político fundamental, el apoyo, desarrollo y fortalecimiento de los movimientos populares [como los sindicatos, los movimientos patrióticos, los partidos políticos, los movimientos comunales, los ambientalistas, etc.] que, afines a su ideología [socialista], denuncien y busquen las transformaciones y cambios en las relaciones sociales [capitalistas y democráticas] que den paso a una sociedad socialista [costarricense]” [7].  ¡Nuevamente, “más clarito no canta el gallo”!  ¿Verdad que sí?  Resulta claro que FA debe de cambiar el eslogan de su campaña de “sembrando esperanza” a “sembrando socialismo.”

Tercero, en Latinoamérica hay dos corrientes de la izquierda política.  La primera es liderada por la Internacional Socialista [8] y promueve la socialdemocracia en todo el mundo.  La segunda es liderada por el Foro de Sao Paulo [9] y promueve el socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica.  El partido socialista Frente Amplio (FA) pertenece al Foro de Sao Paulo y, por consiguiente, promueve el socialismo del siglo XXI en el país [10].  ¡Una vez más, “más clarito no canta el gallo”!  ¿Verdad que sí?  El Foro de Sao Paulo es básicamente una “transnacional latinoamericana” creada por Fidel Castro, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y los narcoterroristas de las FARC entre otros, para remplazar el apoyo monetario y logístico que recibía de la otrora y extinta Unión Soviética [11].

Cuarto, el partido socialista Frente Amplio (FA) es más fiel a su nociva ideología, que a los costarricenses que dice representar.  Por ejemplo, los diputados socialistas se han ido a Managua, con todos los gastos pagados por Daniel Ortega, para celebrar el aniversario de la revolución sandinista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el 2014 [12] y en el 2015 [13].  ¡Otra vez más, “más clarito no canta el gallo”!  ¿Verdad que sí?  Estamos hablando del mismo régimen socialista que desvergonzadamente invadió nuestro territorio, actualmente ocupa parte del mismo, e irremediablemente destruyó parte del ecosistema de Isla Calero.  ¿Recuerdan como ellos organizaron hasta huelgas de hambre por Las Crucitas y se quedaron mudos ante los daños realizados por el régimen socialista nica?  ¡Yo sí!

Quinto, el partido socialista Frente Amplio (FA) se alió con el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC) y los sindicatos para proteger los salarios y beneficios de lujo de sus camaradas en el sector público [14].  Recordemos que el PAC y los sindicatos están liderados por comunistas y socialistas.  Por ejemplo, Fabio Chaves fue cofundador de FA, candidato a diputado por San José de FA en el 2008, y es el dirigente de ASDEICE [15].  Por cierto, ASDEICE es el sindicato que (junto a ANEP, UNDECA, y APSE) le administra el “adoctrinamiento socialista” a la cancillería venezolana en Costa Rica [16] [17].  En el caso del PAC, les recuerdo que el mismo Don Alberto Cañas denunció el hecho de que había “infiltrados chavistas” en el PAC y que el renunció al partido debido a estas personas afines al socialismo [18].

Con toda esta evidencia, cualquier persona razonable e inteligente llegara a la simple conclusión de que el partido socialista Frente Amplio (FA), el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC), y los sindicatos no velan por el bienestar de los costarricenses y promueven ideologías contrarias a nuestra imperfecta democracia e idiosincrasia.  En las próximas elecciones municipales del 2016: A) no cometa el error de votar por el FA, el PAC, o sus coaliciones; B) tampoco cometa el error de no votar ya que su abstencionismo solo beneficiará al PAC y FA; y C) vote por todos los partidos nuevos y locales (aunque tenga que votar por el candidato menos malo).  De lo contrario, usted estaría entregando el control cantonal en todo el país al socialismo del siglo XXI que destruyó a Venezuela.

Su servidor;
Steven J. CaamañoFuentes:
[1] http://dle.rae.es/?w=propaganda&o=h
[2] https://www.facebook.com/villaltaJM/videos/10153286352292677/
[3] http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/estatutos/frenteamplio.pdf
[4] https://www.transparency.org/country/#VEN
[5] http://www.tradingeconomics.com/venezuela/inflation-cpi
[6] http://www.aporrea.org/actualidad/n98916.html
[7] http://www.frenteamplio.org/wp-content/uploads/5-ejes-para-un-programa-del-Partido-Frente-Amplio.pdf
[8] http://www.internacionalsocialista.org/index.cfm
[9] http://forodesaopaulo.org/
[10] http://forodesaopaulo.org/partidos/
[11] http://www.neoliberalismo.com/forosp.htm
[12] http://www.nacion.com/nacional/politica/Frente-Amplio-Nicaragua-necesitara-interoceanico_0_1428057232.html
[13] http://www.nacion.com/nacional/politica/Presidente-Frente-Amplio-celebracion-sandinista_0_1500650006.html
[14] http://www.nacion.com/nacional/Jefe-presidenta-PAC-politico-colectivo_0_1496050454.html
[15] http://www.frenteamplio.org/2008/08/precandidaturas-por-san-jose/
[16] https://www.youtube.com/watch?v=jYr4qhOtXew
[17] http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/18/actualidad/1292626822_850215.html
[18] http://www.crhoy.com/somos-el-unico-partido-limpio-y-lo-van-a-ensuciar-denuncia-alberto-canas/

Propuesta Irresponsable

No hay que ser un experto para saber que, si alguien oculta su cara o su identidad, es porque no quiere ser reconocido.  ¿Entonces, quiénes quieren ocultar su cara o su identidad?  En mi opinión, los comunistas y socialistas en los sindicatos y en los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA).  ¿Por qué?  Porque si son reconocidos como los impulsadores de la protesta que demanda la renuncia del presidente, no lograrían su objetivo.  ¿Cuál es su objetivo?  No hay que pensar mucho para llegar a la conclusión de que el objetivo de los izquierdistas es el de crear una protesta paralela que atenta contra nuestros valores democráticos, con el fin de desacreditar la protesta organizada por “Ya no más RECOPE” y confundir a los costarricenses menos informados. 

Recordemos que los únicos que tienen que perder con la protesta organizada por “Ya no más RECOPE” son, precisamente, los sindicalistas.  ¿Por qué?  Porque el pusilánime gobierno de Don Luis Guillermo Solís no le quedaría más remedio que acatar el clamor de sus ciudadanos si las marchas, como la del 8 de Noviembre, continúan y crecen.

Su servidor;

Steven J. Caamaño

http://laizquierdacostarricense.blogspot.com/

https://www.facebook.com/lanocivaizquierdatica

Propuesta Irresponsable

Editorial La Nación |  3 Noviembre 2015

·         Un grupo de personas convoca, mediante las redes sociales, una manifestación frente a la Casa Presidencial para exigir la renuncia del mandatario Luis Guillermo Solís

·         La coincidencia de fecha entre el desafortunado llamado a esa protesta y el del movimiento “Ya no más RECOPE” obliga a pensar mal

Bajo el velo del anonimato, un grupo de personas convoca, mediante las redes sociales, una manifestación frente a la Casa Presidencial para exigir la renuncia del mandatario Luis Guillermo Solís. En un país de hondas raíces democráticas y gran fortaleza institucional, el irresponsable desaguisado no tendrá éxito.

Más allá de las opiniones sobre el desempeño de este y cualquier otro gobierno, los costarricenses somos fieles a nuestras instituciones. Comprendemos el valor de la democracia para la vida civilizada y solo conocemos el cambio por el camino de las urnas, bien vigilado por el Tribunal Supremo de Elecciones. La presidencia y el presidente no son lo mismo, a diferencia de la monarquía clásica, donde el rey y la corona se fundían en una sola cosa. El presidente deja el poder cumplido el periodo constitucional, pero la presidencia permanece intacta, no importa el desempeño de quien la haya ocupado, siempre en forma temporal.

El llamado a la manifestación extremista está condenado al fracaso y apenas merecería comentario, pero brinda la oportunidad de reafirmar el compromiso con la institucionalidad y la permanente decisión de defenderla. El presidente lo calificó de “despropósito” y se quedó corto. Es una grave irresponsabilidad, aunque no llegue a tener consecuencias.

La fecha de la convocatoria, 8 de noviembre, llama la atención. Ese mismo día, el grupo “Ya no más RECOPE” hará una manifestación, muy diferente en método y objetivos. En el estricto marco de la institucionalidad democrática, los dirigentes de este último movimiento dan la cara y convocan un ejercicio del derecho fundamental a la protesta, no con la intención de subvertir el orden constitucional, sino de expresar agravios relacionados con el manejo de asuntos públicos específicos.

Manifestaciones como la de “Ya no más RECOPE” y otras que pudieran surgir, no importa su orientación, son una importante práctica de civismo, equilibrado y pacífico, frente al extremismo de la convocatoria anónima, cuyos impulsores proponen imitar a Guatemala y Ucrania, sin reparar en las grandes e históricas diferencias entre esos países y el nuestro.

La coincidencia de fecha entre el desafortunado llamado a la manifestación ante la Casa Presidencial y la convocatoria de “Ya no más RECOPE” obliga a pensar mal. Cuando la invitación extremista comenzó a circular, la fecha fijada para la protesta de “Ya no más RECOPE” era bien conocida. Además, este último movimiento demostró, no hace mucho, capacidad de reunir a un importante grupo de ciudadanos.

La cita a una manifestación, en la misma fecha, para pedir la renuncia del presidente, puede tener el inconfeso interés de crear confusión, aprovechar el poder de convocatoria de “Ya no más RECOPE” para promover el desorden o, simplemente, dividirlo. En cualquier caso, es preciso estar atentos al uso de las redes sociales con semejantes fines.

El anonimato proporcionado por la Internet auspicia el abuso. Los organizadores de la protesta frente a la Casa Presidencial ofrecen razones irrisorias para no dar la cara. Según dicen, el propósito es garantizar su seguridad e integridad física debido a “varias amenazas”. Pero los organizadores de “Ya no más RECOPE” y los de otras protestas de diferente signo no temen revelar sus identidades en un país donde la violencia política siempre causa repudio.

Tampoco la prensa nacional, frente a muy públicas amenazas, ha dejado de formular lealmente sus críticas y denuncias. Ese es el camino costarricense y no debemos abandonarlo, precisamente, para no imitar a Guatemala o a Ucrania.

Fuente:

http://www.nacion.com/opinion/editorial/Propuesta-irresponsable_0_1522047787.html

Salario único genera millonario ahorro en cinco instituciones

Esto es precisamente lo que muchos de nosotros exigimos de Don Luis Guillermo Solís y su “equipo de lujo” y que ellos se rehúsan a implementar.  ¿Por qué?  Primero, porque la administración pública, liderada por el partido izquierdista Acción Ciudadana (PAC), esta aliada al partido socialista Frente Amplio (FA) y a los sindicatos.  Segundo, porque la implementación del salario único eliminaría los “salarios y beneficios” de lujo que los sindicalistas gozan actualmente.

Su servidor;

Steven J. Caamaño

Salario único genera millonario ahorro en cinco instituciones

Por Gerardo Ruiz Ramón | 31 Octubre de 2015

- Contraloría economiza ¢1.400 millones, y el BNCR, ¢412 millones

- Estudios calculan remuneración única para competir con las del sector privado

Además de contribuir a mejorar el clima de trabajo al eliminar las desigualdades salariales entre trabajadores de una misma categoría, el salario único o global llevará a cinco instituciones públicas a cerrar el 2015 con un ahorro global por encima de los ¢2.000 millones en el pago a sus empleados.

La Contraloría General de la República calcula en ¢1.400 millones la economía; el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), ¢412 millones, y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ¢108 millones.

El Banco Popular y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) carecen de una cuantificación reciente, pero sus autoridades afirman que percibirán ahorros en sus planillas, especialmente en escala gerencial.

Además de las entidades citadas, la remuneración única se implementa en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la sociedad Insurance Servicios, propiedad del Instituto Nacional de Seguros (INS) y Radiográfica Costarricense (Racsa).

Desde finales de agosto pasado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contrata a sus nuevos empleados con base en el esquema del salario único “con el fin de lograr eficiencia operativa, ahorro y competitividad” de sus negocios, según comunicó su Consejo Directivo el 21 de setiembre.

¿Qué es? La principal característica de la remuneración única en el sector público es que quienes son contratados bajo esa modalidad no devengan pluses o incentivos, como las anualidades, sino que su pago se estima con base en estudios de mercado para hacerlo competitivo con respecto al sector privado.

Esto hace que el salario único sea más alto que la base que ganan quienes reciben pluses.

En todas las entidades mencionadas el sueldo global convive con el salario base, al que se suman algunos de los más de 97 incentivos que paga el Gobierno Central (Presidencia, ministerios, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones), que van desde un pago extra por sembrar y cuidar una huerta escolar, hasta por tener variaciones de horarios.

Sin embargo, los datos que entregaron las entidades consultadas revelan que la planilla de sueldo base más pluses se reduce rápidamente o ya fue superada por la de salario único.

Así, por ejemplo, el Banco Popular informó de que el 73,3% de sus empleados ganan salario único; la Aresep, un 70%, y el BCCR emplea a un 63% de sus trabajadores con ese tipo de contrato.

Beneficio paralelo. A la par del ahorro y la posibilidad de un mejor clima laboral, las entidades que contactó La Nación ven otro aspecto positivo en el sueldo único o global.

Se trata de la política paralela de congelación, reversión o bajo crecimiento de los incentivos, lo cual conlleva un ahorro mayor.

La Contraloría determinó que desde que aplica el salario único se puede determinar que el crecimiento porcentual de los distintos rubros salariales es menor.

La directora corporativa de Desarrollo Humano del BNCR, Maritza Fuentes, detalló que en ese banco, el salario único llegó a modificar el esquema de entre 15 y 30 días de vacaciones anuales que tenían los empleados, para instaurar un total de 14 días al año para los que tienen menos de 11 años de servicio.

Fuentes también citó como ejemplo de beneficio para la entidad la reducción en el tope de cesantía, pues quienes ganan salario único tienen derecho a 17 años cuando alcancen 26 años de servicio continuo.

Quienes están en la modalidad de sueldo base más pluses, en tanto, pueden optar hasta por 20 años de cesantía con el consecuente costo económico para la entidad bancaria pública.

Fuente: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Salario-genera-millonario-ahorro-instituciones_0_1521447874.html

La pusilánime administración de Don Luis Guillermo Solís “se abrió de patas”

La Real Academia Española define pusilánime como una persona con “falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas.”  Ese es precisamente el calificativo, aparte de otros que no puedo repetir aquí, que les corresponde a Don Luis Guillermo Solís y su “equipo de lujo.”  No había que ser un experto para concluir que la “la madre de todas las huelgas” convocada por los sindicatos públicos fue un rotundo fracaso.  La administración de Don Luis Guillermo Solís, en su infinita estupidez, prefirió mostrarse conciliatoria con los sindicatos públicos, que hicieron una huelga general para proteger sus desvergonzados “salarios y beneficios de lujo”, en vez de haber usado el fracaso de la huelga para dictarle términos a los sindicatos.

En el primer acuerdo, la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y le dará prioridad al proyecto de ley #19,312 [1].  Dicho proyecto quiere establecer unilateralmente un “salario mínimo” basado en ideologías socialistas, en vez de que los patrones y los trabajadores del sector público (en conjunto con el MTSS) sean los que acuerda el salario mínimo.  Dicho proyecto de ley está inspirado en un proyecto que los socialistas implementaron en Venezuela y que terminó aumentando exponencialmente el desempleo porque el salario mínimo no estaba ligado a las necesidades del mercado laboral.

En el segundo acuerdo, nuevamente la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y le dará prioridad al Convenio 184 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT); “Convenio Relativo a la Seguridad y la Salud en la Agricultura.” 

En el tercer acuerdo, otra vez la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a hacer algo que no le corresponde.  El Poder Ejecutivo no tiene potestad para promover una mesa de diálogo entre la CCSS, Patria Justa, y demás organizaciones sociales para resolver la situación actual y futura del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez, y Muerte; el reglamento de incapacidades a nivel nacional; y la Salud Ocupacional.

En el cuarto acuerdo, una vez más la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a hacer algo que no le corresponde.  El Poder Ejecutivo no tiene potestad para revisar “los planteamientos jurídicos relacionados con el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del MTSS #DAJ-AE-237-15, fechado 14 de setiembre 2015, a fin de valorar los argumentos expresados por el colectivo Patria Justa, que se formalizarán por escrito.”  El Ministro de Trabajo, Víctor Morales, está tratando de eliminar las 27 convenciones colectivas que existen hoy en día y desangran las arcas del gobierno, mientras que la administración de Don Luis Guillermo Solís quiere “analizar” dicha medida para ver como la anula.

En el quinto acuerdo, de nuevo la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se compromete a buscar la forma de que la ARESEP dé marcha atrás a la resolución en la que se prohíbe el cobro de las convenciones colectivas en el cálculo de los precios que pagamos los costarricenses por bienes y servicios públicos.  En otras palabras, Don Luis Guillermo Solís nos obligara a pagar los beneficios de las convenciones colectivas de RECOPE a través del precio de los combustibles.

En el sexto acuerdo, nuevamente la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y valida como legítimas y vinculantes las decisiones tomadas entre el Poder Ejecutivo, JAPDEVA, y SINTRAJAP.  En otras palabras, si el Poder Ejecutivo, JAPDEVA, y SINTRAJAP llegan a un acuerdo, ellos “se pueden pasar por el rabo” las decisiones establecidas por el Poder Legislativo y Judicial.  ¡Es así de simple!

En el séptimo acuerdo, una vez más la administración de Don Luis Guillermo Solís “le abrió las patas” a los sindicatos y se comprometió a gastar “billones de colones” y endeudarse aún más de lo que está, para comprar equipo de montacargas para el puerto de Limón y que el sindicato SINTRAJAP pueda competir con APM Terminals.

El octavo acuerdo, los sindicalistas se comprometieron a levantar la huelga y llamar a los trabajadores a retomar nuevamente las labores y “exhorta” a abstenerse a convocar movimientos similares.  En otras palabras, la pusilánime administración de Don Luis Guillermo Solís “se abrió de patas” y concedió todo lo que los sindicatos públicos querían lograr a cambio del fin de una huelga que claramente fracasó e iba a ser declarada ilegal al día siguiente.  Así que nos vemos en la marcha del 8 de Noviembre para demostrarle al gobierno quine manda en el país.

Su servidor;

Steven J. Caamaño

Fuentes: 

[1] http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19312

Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a RECOPE

Tal y como decimos por aquí: ¡Mas clarito no canta el gallo!  ¿Verdad que sí?  Pero, lo más indignante es ver como los desvergonzados sindicalistas hacen huelgas para que nosotros sigamos pagándoles sus “salarios y beneficios de lujo.”  Por un lado, el impuesto único es inaceptable y solo sirve para alimentar al elefante blanco gubernamental.  A nivel nacional, yo no veo ningún beneficio tangible o abstracto de dicho impuesto.  Pero, yo lo reemplazaría con el impuesto de venta que todos pagamos por otros productos y servicios.  ¡Eso sí me parece justo y apropiado!  Por otro lado, yo no quiero pagar ni un céntimo a RECOPE para que sus sindicalistas disfruten de sus onerosos “salarios y beneficios de lujo.”  Si ellos quieren beneficios, que los paguen con las cuotas de agremiado que pagan.  ¡Ahí sí van a ser austeros los cara-e-barros!  JA-JA-JA

Su servidor;

Steven J. Caamaño

Consumidores costean ¢25.000 millones de beneficios a RECOPE

Por Juan Fernando Lara S. | 21 Octubre 2015

- Por litro de combustible que pagan los usuarios, 0,86% financia pluses y ayudas de 1.742 empleados de la empresa estatal. El país consume 8,2 millones de litros diarios de carburantes.

En los últimos 21 meses, los compradores de combustibles aportaron ¢25.690 millones para financiar la convención colectiva de los 1.742 trabajadores de RECOPE.

Solo en el 2014, la venta nacional de los hidrocarburos aportó ¢14.357 millones al fondo obrero. Con corte a setiembre, el acumulado de este año ya asciende a ¢11.335 millones.

Al cierre del 2015, ese patrimonio habrá absorbido al menos ¢28.000 millones en dos años, el equivalente a $51,8 millones al tipo de cambio actual.

La previsión se basa en que la demanda de carburantes en nueve meses del 2015 es semejante a la tendencia de consumo en el mismo lapso del 2014.

Al dividir los ¢25.690 millones entre los empleados, a cada uno corresponde un promedio de ¢14,7 millones en beneficios, fruto de la demanda registrada entre enero de 2014 y setiembre de 2015, conforme a registros históricos de consumo suministrados por la propia entidad.

Esta convención se costea de un cobro promedio de 0,86% por litro de combustible: unos ¢4,65 según sea la tarifa de cada producto incluidos búnker, asfalto y emulsión asfáltica.

Entre otros beneficios, la convención colectiva alimenta un fondo de ahorro, sirve para otorgar préstamos, financiamiento para vivienda y recreación, así como servicio de restaurante, bono por mérito, por peligrosidad, cesantía, servicio de transporte del personal, útiles escolares, materiales para organizar recepciones, becas para hijos de los trabajadores entre otros. También compra de medicinas que no tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y diversos servicios de salud.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) divulgó el porcentaje hace dos semanas en conferencia de prensa cuando uno de sus directivos detalló sus costos de operación.

Los ¢4,65 asociados al porcentaje parecen una suma pequeña al diluirse entre cientos de colones que cuesta el litro de la mayoría de hidrocarburos (las gasolinas superan los ¢500).

Sin embargo, esos colones adquieren otro matiz a la luz de los 8,2 millones de litros diarios que ya se consumen en Costa Rica según estadísticas de RECOPE.

La convención colectiva sí está por debajo de lo que la empresa extrae para salarios y cargas sociales que absorben 1,2% (¢6,7 en promedio por litro) de las tarifas.

¿Quién aporta más? Los beneficios del fondo laboral se reflejan en salarios, confirmó Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Financieros y Económicos de RECOPE.

El mayor rubro es el pago de anualidades (55% del fondo). Otro 22% se destina a un rubro de ahorro para los empleados.

Quienes más cooperan con los pluses en RECOPE son los usuarios de automotores que usan diésel –incluido transporte público– con 38% del dinero de la convención en los últimos 21 meses para un total de ¢9.789 millones.

Les siguen los usuarios de gasolina regular con el 20% (¢5.331 millones), los compradores de gasolina súper con 17%(¢4.439 millones) y después quienes compran gas de cocina con 8,5% (¢2.528 millones).

Solo ese grupo de clientes financió 84% la convención colectiva. El resto emana del consumo de otros derivados y las compras para generación térmica de luz del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante el periodo analizado.

A revisión. Al considerar que las convenciones colectivas no tienen relación directa con la prestación de servicios públicos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) resolvió excluir los gastos relativos a la convenciones de los ajustes tarifarios en el servicio regulado.

En agosto, rechazó ¢5.000 millones de una solicitud presentada por RECOPE, al juzgar que ese dinero era para su convención.

La medida motivó una protesta organizada para la próxima semana, según Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).

Pese al disgusto, el sindicalista aseguró que hay interés de cooperación para renegociar con la administración los términos de la actual convención colectiva.

“Hay un deseo genuino de que el resultado sea favorable a ambas partes y también ante la opinión pública, pero respetando que la convención es un derecho consagrado en la propia Constitución”, expresó Rodríguez

Víctor Morales, ministro de Trabajo, sí apoya la postura de la ARESEP, al considerar que este tipo de acuerdos pueden convertirse en herramientas de uso-excesivo y lesivas para el erario.

“Desde este ministerio hemos hecho un esfuerzo por eliminar cláusulas que, en lo tocante a recursos públicos, nos parecen excesivas”, declaró Morales.

Para Luis C. Solera, la creación de pluses en las convenciones colectivas responde a lo poco competitivos que son las remuneraciones en el sector público.

“¿En qué empresa privada pagan dedicación exclusiva? En ninguna. La pregunta que debemos plantear es si los salarios públicos son o no competitivos”, consideró el funcionario.

Sobre convenciones colectivas

Es un acuerdo que fija condiciones generales de trabajo del personal y resulta de una negociación entre voceros de los trabajadores (sindicatos) y patronos.

Como su nombre lo indica, sirve para regular en un sentido amplio condiciones de trabajo y de productividad. De igual modo, fijan obligaciones recíprocas para promover una “paz laboral”.

Dichos deberes suelen incluir medios para resolver conflictos cuando estos surjan entre ambas partes y cualquier otra pauta para gobernar otros aspectos de las relaciones laborales. Un atributo de la convención colectiva es que cubre a todos los trabajadores durante un periodo específico, el  que también se fija en la negociación que da origen al convenio.

Cuando concluye ese periodo, las partes vuelven a negociar condiciones y fijar otro lapso de vigencia de estas. En Costa Rica tienen su origen y fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política.

La norma dice: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.

Si bien su naturaleza jurídica le otorga esa fuerza de ley, esta solo se aplica entre las partes contratantes pues la convención colectiva no es una ley formal aprobada por el Congreso. Así consta en una sentencia del 22 de octubre del 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, la cual luego ratificó el 28 de agosto del 2013 un fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo.

Basándose en esos fallos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) recientemente anunció que excluirá gastos de convención colectiva de futuros ajustes tarifarios pues esas erogaciones son ajenas a la prestación de los servicios públicos regulados.

Fuente:

http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Consumidores-costean-millones-beneficios-Recope_0_1519448052.html

El patrullaje conjunto con EEUU es parte de la defensa nacional

Hago mías las palabras del Editor de La Nación: “El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica ante los embates del crimen organizado que ensangrienta su territorio.  Es preciso profundizar la colaboración con los estadounidenses, flexibilizarla y removerle obstáculos”, para que podamos hacerle frente a la ola de violencia que agobia a nuestro país.  En mi opinión, los diputados socialistas e izquierdistas se oponen al patrullaje conjunto por una de tres razones: A) su nociva ideología, B) su complicidad con el crimen organizado, o C) una combinación de A y B.  ¡Es así de simple! 

 

Su servidor;

Steven J. Caamaño

 

 

 

 

 

Reacción ante el narcotráfico

Editorial La Nación | 20 Octubre 2015

 

- La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad, expresada en el creciente número de homicidios, ya no puede ser ignorada

- El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica

 

El número de homicidios aumenta a pasos espeluznantes. La sangrienta contribución del narcotráfico a la inseguridad ya no puede ser ignorada. Si al número de asesinatos directamente ligados con el tráfico ilícito de drogas se le suman los casos no esclarecidos, pero con características típicas de esa especie de criminalidad, las muertes violentas relacionadas con los estupefacientes superan el 40% del total.

 

Guerras territoriales, ajustes de cuentas y disputas en el interior de las bandas dejan un creciente rastro de muerte, especialmente, en zonas populosas de la capital, como Alajuelita y Desamparados, donde la Fuerza Pública despliega sus esfuerzos para tomar control.

 

El Ministerio Público ha advertido sobre la creciente peligrosidad y sofisticación del armamento utilizado en los homicidios y atribuye a los carteles mexicanos el envío y entrega de subametralladoras AK-47 y hasta granadas de mano a los narcotraficantes locales. Los conflictos del narcotráfico costarricense se resuelven con armas de guerra y ese dato, en sí mismo, es aterrorizante.

 

La reacción del Estado debe ser inmediata, decidida y ajustada a las características del fenómeno. El crimen organizado no se combate con los mismos recursos empleados contra la delincuencia común. La coordinación entre cuerpos policiales debe mejorar y es preciso desarrollar mayores capacidades en materia de inteligencia. Los diputados deben apurar la aprobación de instrumentos jurídicos adecuados y la judicatura haría un gran aporte si impulsa la depuración de los procedimientos para impedir la impunidad.

 

También es preciso estrechar los lazos de colaboración internacional, porque el país no puede controlar, por sí solo, su extensísimo territorio marítimo y aéreo. En este último aspecto, la Asamblea Legislativa lleva sobre los hombros una grave responsabilidad histórica y no siempre ha demostrado estar a la altura.

 

Trasnochados prejuicios ideológicos interfieren, constantemente, con la necesaria colaboración entre Costa Rica y los Estados Unidos. No hace mucho se escuchó a un diputado esgrimir la peregrina idea de que el patrullaje conjunto es contraproducente para nuestro país porque obliga a los narcotraficantes a utilizar las rutas terrestres.

 

El legislador carece de credenciales en el campo de la seguridad, pero opina a la luz de su ideología, como si conociera la materia. La verdad es completamente distinta. La mayor parte de la droga ingresa a nuestro territorio por vía marítima, no por la frontera sur, pese al patrullaje conjunto. Según los expertos, la proporción del trasiego marítimo podría alcanzar el 80%. Sin patrullaje, la principal vía de ingreso del narcotráfico quedaría abierta de par en par.

 

La mayoría de las embarcaciones detenidas son costarricenses y se dirigían a nuestras costas en el momento de la detención. Eso sin contar la importación de marihuana desde Jamaica, también por mar y en buena parte destinada al consumo local. Imaginar una disminución del narcotráfico ofreciéndole paso franco por nuestras aguas, solo es posible a partir de un rotundo desconocimiento del fenómeno.

 

La medida sería muy cuestionable desde otros puntos de vista, como la renuncia a cumplir obligaciones adquiridas con la comunidad internacional, pero para el país sería suicida. Costa Rica le interesa al narcotráfico como centro de paso y almacenamiento. La droga proveniente del sur se trasiega por mar y aire, más que por tierra. Disminuir la vigilancia de esas rutas de ingreso es quedar a expensas de los carteles internacionales e incrementar las cantidades residuales filtradas al mercado local, sea mediante la “pesca” de bultos dejados a la deriva por los traficantes o como consecuencia del pago en especie a los colaboradores nacionales. También crearía las condiciones para ampliar nuestro papel como estación de tránsito y almacenamiento, con serias consecuencias para la institucionalidad.

 

El patrullaje conjunto no es una graciosa contribución nacional al combate de un flagelo estadounidense, sino parte de la defensa indispensable de Costa Rica ante los embates del crimen organizado que ensangrienta su territorio. Es preciso profundizar la colaboración, flexibilizarla y removerle obstáculos.

 

Fuente:

http://www.nacion.com/opinion/editorial/Reaccion-narcotrafico_0_1519248065.html

Una constituyente, salida al estancamiento

¡Completamente de acuerdo con el artículo de Alex Solís!  La constitución que rige en el país se basó en la de 1871.  Debido a esto, nosotros podemos decir con certeza que, nuestra actual constitución es “un texto remendado que proviene del siglo XIX.”  Por eso es que nuestra constitución se ha convertido en el peor enemigo de la ciudadanía y el mejor amigo de la corrupción, el crimen organizado, y los sindicatos.

 

No me cabe la menor dudad que, para salir del estancamiento social y económico actual y modernizar nuestro nación, nosotros debemos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente “…que se dedique durante un año a una revisión general de nuestra Carta Magna.”  ¡Punto!  Ya es hora de que nos concentremos en la cura de nuestra enfermedad, en vez de perder tiempo aliviando los síntomas.

 

Su servidor;

Steven J. Caamaño

 

 

 

 

 

Una constituyente, salida al estancamiento

POR Alex Solís F. | 20 Octubre 2015

 

- El presente es de los vivos, no de los muertos, decía Jefferson

 

Costa Rica está paralizada por causa de muchos factores. Quizás el más determinante sea el papel que juega la Sala Constitucional ya que, de manera arbitraria, impide hacer cambios profundos a la Constitución y, por esa vía, a la estructura del Estado.

 

Mientras tanto, sufrimos las consecuencias de una Constitución desajustada a las necesidades de los tiempos actuales y, sobre todo, nos indigna la parálisis de un país que no puede, ni siquiera reparar una “rendija” en un puente.

 

La urgencia de salir de semejante estancamiento y otras múltiples razones, tanto de forma como de fondo, justifican la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que se dedique durante un año a una revisión general de nuestra Carta Magna. ¡El trabajo por el bien común y la democracia es permanente, supone procesos inacabados!

 

En el plano formal, debe recordarse que en 1949, cuando se discutió y aprobó nuestra actual ley de leyes, se utilizó como fundamento la de 1871. Por ello, podría decirse que la Constitución que rige en el país es un texto remendado, que proviene del siglo XIX. Es una Constitución poco ambiciosa y poco original. Estas condiciones repercuten en su falta de coherencia interna, producen vacíos normativos y exceso de generalidad o reglamentismo en algunos de sus preceptos.

 

En el plano sustancial, la Constitución se quedó botada en el tiempo, sobre todo si se compara con los modernos textos que otros países, sin tradición democrática ni de respeto a la institucionalidad democrática, han promulgado en los últimos tiempos. Estamos anclados en un presente sin proyecto político, dominado por una sociedad peligrosamente fragmentada y una población sometida a los dictados del mercado, el consumismo y la destrucción del planeta, nuestra casa común, según dice el papa Francisco.

 

Entre muchas reformas, deben definirse, de manera expresa, en el frontispicio mismo de nuestra máxima ley, los principios y valores de nuestro ordenamiento constitucional.

 

No puede ser que por esa falta de definición corresponda a la Sala Constitucional trazar la orientación de nuestro sistema político de forma caprichosa y, a veces, arbitraria.

 

Cambio de sistema. En otro ámbito, se requiere matizar nuestro rígido sistema presidencialista con algunos elementos del parlamentarista, como el fortalecimiento del voto de censura y la interpelación de ministros y otros funcionarios de Gobierno.

 

En esa línea, se sugiere crear la carrera parlamentaria, reformar el sistema de elección de los diputados mediante distritos electorales y las elecciones de medio período.

 

En los ámbitos civil y gubernamental, se debe profundizar el régimen de los deberes ciudadanos y el de la responsabilidades, la rendición de cuentas y evaluación de resultados de los funcionarios públicos.

 

Estos son temas que, de manera paradójica, apenas se plantean en la Constitución. Por ejemplo, debería regularse la revocatoria del mandato de algunos funcionarios, por ineptitud, procederes incorrectos y faltas graves al deber de probidad.

 

En general, se requieren reformas al Poder Ejecutivo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, al régimen municipal y al de las instituciones autónomas, a la Contraloría General de la República y al sistema presupuestario. Estas y otras enmiendas implican cambios profundos, no radicales, a nuestro ordenamiento jurídico-político constitucional. De ahí la necesidad de activar el Poder Constituyente.

 

Anclados en el pasado. Llegados a este punto, el problema que se presenta es que desde una posición conservadora, cuando se plantea la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional constituyente, se argumenta que no estamos preparados, que no existen condiciones, que este no es un buen momento, que es peligroso, que es como dar un paso hacia lo desconocido o firmar un cheque en blanco.

 

Con este tipo de frases hechas, vacías y carentes de significación, se mantiene a los costarricenses anclados en el pasado, en un estilo de vida conformista y una cultura de oposición y miedo a emprender grandes proyectos.

 

Tenemos que cambiar y pensar que sí podemos volar alto, llegar lejos y construir una nueva Costa Rica.

 

El presente es de los vivos, no de los muertos, decía Jefferson. Y cada generación debe ser tan libre de adaptar la Constitución a su realidad y voluntad, tal y como lo hicieron las generaciones que la precedieron.

 

Esta máxima significa que, dadas las actuales circunstancias del país, deberíamos tener el derecho a reformar las normas constitucionales que regulan nuestra convivencia y a decidir sobre nuestro presente y futuro. Esto nos legitima como sociedad a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, única salida jurídica y políticamente viable a la crisis que adolece nuestro Estado Constitucional, democrático y social de derecho.

 

Negar ese derecho o temer su ejercicio significa negar el carácter democrático de nuestra sociedad.

 

Fuente:

http://www.nacion.com/opinion/foros/constituyente-salida-estancamiento_0_1519248068.html